Jorge Soto Yen, presidente del Capítulo de Ingeniería de Minas del CIP Lima, explicó que el II Simposio Internacional de Pasivos Ambientales y Cierre de Minas busca fortalecer la institucionalidad minera e integrar criterios del Estado, academia y sector privado. Precisó que el evento se enfoca en tres ejes: mejoras legislativas, reaprovechamiento de pasivos y optimización del cierre progresivo según la nueva normativa.
Marcos legales que dificultan la remediación y requieren revisión inmediata
Soto señaló que, pese a la disposición de diversas empresas para participar en la remediación de pasivos ambientales, el marco legal todavía impone barreras que limitan su intervención. Por ello, sostuvo que el simposio pone sobre la mesa la necesidad de revisar la legislación para habilitar la recuperación de pasivos con rigor técnico, eficiencia operativa y beneficios sociales.
Reaprovechamiento de pasivos como oportunidad minera y territorial
El presidente del Capítulo de Minas destacó que, en el actual contexto de precios altos, los pasivos pueden convertirse en recursos económicamente viables. Subrayó que el reaprovechamiento mejora la estabilidad física y pseudoestática de nuevos depósitos, además de liberar áreas que podrían reconvertirse en espacios productivos, energéticos o comunitarios, generando un valor agregado para las zonas impactadas históricamente por la minería.
Cierre progresivo y garantías: el aspecto más crítico del nuevo reglamento
Sobre el DS 006-2025-EM, Soto indicó que el principal desafío será garantizar mecanismos claros de devolución de garantías, ya que incluso en cierres finales el proceso es lento y poco predecible. Advirtió que, sin ajustes técnicos en la interacción entre MINEM, OEFA y Osinergmin, el cierre progresivo podría enfrentar los mismos problemas que hoy afectan al cierre final y poscierre.
Formalización minera y REINFO: el riesgo de prolongar un sistema sin resultados
El ingeniero recordó que el MINEM presentó la Ley MAPE en 2024, pero el Congreso no la ha aprobado en un año de revisión. Indicó que esta demora se usa como argumento para nuevas ampliaciones del REINFO, perpetuando un ciclo iniciado en 2002. Para Soto, los 30 000 mineros en proceso de formalización requieren apoyo técnico, económico y educativo para integrarse al régimen general y evitar que el país continúe prolongando un mecanismo sin resultados consistentes.
Comisiones técnicas permanentes para garantizar una Ley MAPE sólida
Soto lamentó que la comisión técnica creada para analizar la Ley MAPE desapareciera antes de la etapa final. Recalcó que entidades como CIP, INGEMMET, IIMP, academia y sociedad civil deben mantenerse activas hasta la aprobación definitiva, asegurando un marco regulatorio robusto y sostenible para la pequeña minería y la MAPE.
Decisiones políticas sin sustento técnico afectan la gestión minera
Finalmente, el representante del CIP Lima indicó que muchos debates políticos desconocen los tiempos reales de un proyecto minero, que pueden superar los 27 años entre ingeniería y permisos. Señaló que el MINEM debe defender con claridad la Ley MAPE ya presentada y que prolongar el REINFO sin una ruta definida prolongará la informalidad y la inseguridad operativa.
Fuente: rumbominero.com
Fecha: 19 noviembre, 2025