Diversos informes del Instituto Peruano de Economía (IPE), la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y organismos internacionales coinciden en que las economías ilegales representan una amenaza creciente para la seguridad y el desarrollo de las regiones. Estas actividades no solo generan impactos ambientales y sociales, sino que también suelen estar vinculadas a delitos como extorsión, trata de personas, lavado de activos y violencia organizada, afectando directamente a las familias y comunidades.
La Defensoría del Pueblo ha señalado que la minería ilegal provoca daños ambientales, sociales y económicos, además de requerir acciones de interdicción y persecución penal por los delitos asociados a esta actividad. Por su parte, las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) cumplen un rol clave en la investigación y control de estas actividades ilícitas, coordinando operativos con otras entidades del Estado para proteger los ecosistemas y la seguridad de la población.
Especialistas consideran que el debate público debe enfocarse en cómo estas economías ilegales afectan la seguridad ciudadana, el acceso al agua, la protección de las familias y el futuro de las comunidades. En ese contexto, recuerdan que los operativos policiales y las acciones de control forman parte de las funciones que la Constitución asigna al Estado para garantizar el orden, hacer cumplir la ley y proteger a la población frente a actividades que amenazan el desarrollo sostenible de las regiones.
Fuente: Pulso Apurimeño (FB)
Fecha: 5 junio, 2026