El Perú mantiene una cartera de inversiones mineras superior a los US$64 mil millones, distribuida en 66 proyectos ubicados en 19 departamentos, pero este potencial convive con elevados niveles de conflictividad social vinculada a las actividades extractivas.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, a junio de 2026 se registran 151 conflictos sociales activos, de los cuales 96 son de naturaleza socioambiental y tienen relación directa con la actividad extractiva.
Este escenario plantea uno de los principales desafíos para el crecimiento de la minería peruana: convertir la riqueza mineral, las inversiones y los recursos económicos generados por la actividad en mejoras sostenibles para las poblaciones de los territorios donde se desarrollan los proyectos.
Para Jimena Sologuren, subgerente de Responsabilidad Social y Comunicaciones de Compañía Minera Poderosa, la respuesta no pasa únicamente por incorporar nuevos proyectos o ejecutar programas sociales, sino por generar condiciones que permitan que los beneficios permanezcan en las comunidades.
“Construir confianza, generar oportunidades y lograr que el desarrollo permanezca en los territorios mucho después del inicio de una inversión minera”, señaló Sologuren.
Minería transfirió más de S/10.045 millones durante 2025
La dimensión económica de la actividad se refleja también en los recursos destinados al país. Durante 2025, la minería transfirió más de S/10.045 millones al presupuesto nacional mediante canon, regalías y otros conceptos. Al cierre de mayo de 2026, las transferencias superaban los S/4.000 millones.
Sin embargo, Sologuren sostiene que uno de los principales desafíos consiste en lograr que estos recursos se conviertan oportunamente en mejoras concretas para los territorios.
“El verdadero desafío es que esos recursos se conviertan oportunamente en agua, saneamiento, salud, educación e infraestructura”, afirmó en declaraciones a Infobae Perú.
La problemática cobra mayor relevancia considerando que la pobreza monetaria alcanza al 25,7% de la población y al 35,5% en las zonas rurales, situación que evidencia la necesidad de fortalecer la articulación entre inversión minera, gestión pública y desarrollo territorial.
En ese contexto, la ejecutiva de Compañía Minera Poderosa considera que la gestión social debe funcionar como un puente entre el Estado, las empresas, la academia, la sociedad civil y las comunidades, debido a que el crecimiento económico por sí solo no garantiza el desarrollo de los territorios.
Confianza y diálogo temprano frente a los conflictos mineros
Frente a los 96 conflictos socioambientales relacionados directamente con la actividad extractiva, la construcción de confianza aparece como un componente fundamental para la sostenibilidad de las inversiones.
“La confianza se construye con coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, con transparencia, diálogo permanente, escucha activa y, sobre todo, cumpliendo los compromisos asumidos”, explicó Sologuren.
Desde esta perspectiva, el diálogo debe desarrollarse antes de que aparezca el conflicto. Las comunidades observan no solo los proyectos, sino también la manera en que las empresas reaccionan frente a las dificultades.
La información oportuna constituye otro factor determinante. “Cuando la información llega tarde o no es clara, es natural que aparezcan temores”, advirtió.
Sologuren plantea además que las empresas mineras pueden contribuir al fortalecimiento institucional de los territorios mediante transferencia de conocimiento, generación de alianzas y acompañamiento a autoridades y organizaciones locales, pero sin reemplazar las responsabilidades que corresponden al Estado.
De programas sociales a un legado sostenible
Otro de los desafíos consiste en evolucionar desde los programas sociales tradicionales hacia estrategias capaces de dejar capacidades instaladas en las zonas de influencia minera.
Para Sologuren, medir únicamente montos de inversión, talleres realizados o número de participantes resulta insuficiente para determinar el impacto real de una intervención.
“La verdadera pregunta es otra: ¿mejoró realmente la vida de las personas?, ¿qué capacidades quedaron instaladas en el territorio?”, sostuvo.
Este enfoque implica definir desde el inicio qué permanecerá una vez que disminuya la presencia de una empresa o concluya un proyecto minero.
“Cuando hablamos de legado, hablamos de pensar desde el inicio qué va a permanecer cuando el proyecto llegue a su fin”, señaló.
Para la representante de Compañía Minera Poderosa, el objetivo debe ser fortalecer la autonomía de los territorios y evitar que su desarrollo dependa permanentemente de una compañía minera.
“El éxito no es que un territorio dependa cada vez más de la empresa minera, sino todo lo contrario: que fortalezca sus propias capacidades, diversifique su economía y pueda seguir desarrollándose con autonomía”, explicó.
US$64 mil millones en proyectos plantean un desafío territorial
La magnitud de la cartera minera peruana muestra las oportunidades de inversión existentes, pero también coloca en agenda la necesidad de fortalecer la gestión territorial alrededor de los nuevos proyectos.
La participación comunitaria, la transparencia y el fortalecimiento de capacidades aparecen como elementos necesarios para reducir incertidumbres y construir relaciones sostenibles entre las operaciones mineras y sus áreas de influencia.
Sologuren destacó además el papel de la academia y las nuevas generaciones. Mientras las universidades pueden contribuir mediante investigación y formación profesional, los jóvenes pueden aportar nuevas perspectivas en innovación, sostenibilidad y participación comunitaria.
“No podremos construir el futuro de nuestros territorios sin escuchar a quienes vivirán y liderarán ese futuro”, concluyó la subgerente de Responsabilidad Social y Comunicaciones de Compañía Minera Poderosa.
Así, frente a una cartera superior a US$64 mil millones en 66 proyectos mineros, el reto para el Perú no se limita a concretar nuevas inversiones. La sostenibilidad de ese crecimiento dependerá también de la capacidad para gestionar la conflictividad, fortalecer las instituciones, ejecutar eficientemente los recursos provenientes de la minería y generar capacidades que permanezcan en los territorios.
Fuente: rumbominero.com
Fecha: 11 agosto, 2026

