Entre enero y julio de 2026 se reportaron 153 denuncias en la región. En Sorochuco y Hualgayoc los casos se multiplicaron por 29 entre 2020 y 2025.
Cajamarca atraviesa un preocupante incremento de la minería ilegal. Entre enero y julio de 2026, la región registró 153 denuncias por esta actividad, equivalente a una tasa de 10,1 casos por cada 100 mil habitantes, casi el doble del promedio nacional, situado en 5,5, según un análisis del Instituto Peruano de Economía (IPE).
La situación ha llevado al Gobierno a declarar nuevamente el estado de emergencia por 60 días en diez distritos de Cajamarca, mediante el Decreto Supremo N.° 120-2026-PCM. La medida comprende a La Encañada, Cachachi, Sorochuco, Huasmín, Hualgayoc, Bambamarca, San Ignacio, San José de Lourdes, Namballe y Bellavista, debido al avance de la minería ilegal y la criminalidad asociada.
La declaratoria, oficializada el 28 de agosto, no constituye una medida aislada. Cajamarca ya había sido declarada en emergencia en abril y posteriormente la medida fue prorrogada en junio.
DENUNCIAS SE MULTIPLICARON POR SIETE
El IPE advierte que el crecimiento de esta actividad se ha acelerado durante los últimos años. Entre 2020 y 2025, las denuncias por minería ilegal se multiplicaron por siete en Cajamarca.
El incremento resulta todavía más pronunciado en Sorochuco y Hualgayoc, donde los casos pasaron de apenas 3 denuncias en 2020 a 87 en 2025, lo que representa un aumento de 29 veces.
Ambos distritos, que actualmente forman parte de las zonas declaradas en emergencia, concentraron en conjunto el 41,8% de las denuncias por minería ilegal registradas en Cajamarca durante 2025.
ALERTAN SOBRE USO DEL IGAFOM
A la expansión de las operaciones ilegales se suma una modalidad que ha sido advertida por autoridades regionales: el presunto uso del IGAFOM (Instrumento de Gestión Ambiental para la Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal) como una aparente cobertura para desarrollar actividades mineras y dificultar las acciones de interdicción.
La alerta alcanza principalmente a sectores de Hualgayoc, Bambamarca y Sorochuco, donde la actividad minera ilegal viene generando preocupación por sus posibles impactos ambientales, económicos y sociales.
CAJAMARCA, ENTRE LAS REGIONES CON MÁS DENUNCIAS
Durante los últimos doce meses se contabilizaron 270 denuncias por minería ilegal en Cajamarca, convirtiendo a la región en la tercera con mayor número de casos del país, solo por detrás de Madre de Dios, con 899, y La Libertad, con 282.
El problema también tiene una dimensión financiera. Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculados a la minería ilegal, enviados por bancos y cajas a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), aumentaron significativamente a nivel nacional.
Entre 2019 y 2025 pasaron de 175 a más de 1.600 reportes. En Cajamarca, el número pasó de cero a 13 reportes, relacionados con operaciones por aproximadamente US$5,4 millones.
MAYOR PRESUPUESTO, PERO EL PROBLEMA PERSISTE
Para 2026, el presupuesto público nacional destinado a combatir la minería ilegal aumentó 25,5% respecto de 2025 y 40% frente a 2019, considerando el efecto de la inflación.
Sin embargo, el incremento de recursos no se ha traducido hasta ahora en una reducción sostenida del problema en Cajamarca.
La expansión de la minería ilegal también coincide con un deterioro de los indicadores de seguridad. Entre agosto de 2025 y julio de 2026, la tasa de homicidios en la región llegó a 29,5 por cada 100 mil habitantes, más del doble de la registrada en 2020, cuando fue de 14,1.
Asimismo, el 38% de los cajamarquinos consideraba a la delincuencia como uno de los principales problemas del país y siete de cada diez habitantes creían que podían convertirse en víctimas de algún delito.
MILLONARIOS PROYECTOS EN RIESGO
El avance de la minería ilegal también representa un obstáculo para la inversión formal. De acuerdo con el IPE, esta actividad ya afecta proyectos mineros formales por más de US$12 mil millones a nivel nacional.
Entre los proyectos comprometidos figuran Conga y Michiquillay, ambos ubicados en Cajamarca.
El impacto, por tanto, no se limita a la contaminación o a la extracción informal de minerales. La minería ilegal también puede desplazar inversiones formales que generan empleo regulado, pagan impuestos y desarrollan actividades bajo controles ambientales y laborales.
REINFO SIGUE EN EL CENTRO DE LA POLÉMICA
Otro de los puntos críticos es el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), creado como un mecanismo transitorio para permitir la regularización de pequeños mineros y mineros artesanales.
El registro ha sido prorrogado sucesivamente y, con la Ley N.° 32537, permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. El Ejecutivo incluso evalúa una nueva ampliación.
Según información del Ministerio de Energía y Minas, el 22,4% de los mineros inscritos en Cajamarca se encuentra suspendido, porcentaje superior al promedio nacional de 21%.
MINERÍA ILEGAL Y CAMPAÑA ELECTORAL
El debate ha llegado también al escenario político de cara a las próximas elecciones regionales y municipales.
El director regional de Energía y Minas de Cajamarca, Víctor Cusquisibán, ha advertido que algunos candidatos al Gobierno Regional y a municipalidades provinciales y distritales que figuran en el Reinfo estarían recibiendo presuntamente financiamiento de la minería ilegal.
De confirmarse, esta situación representaría un serio conflicto de interés, debido a que las autoridades electas tendrán precisamente entre sus responsabilidades la fiscalización y coordinación de acciones contra esta actividad.
A nivel nacional, un informe del Observatorio de Minería Ilegal señala que 24 de los 36 partidos políticos en competencia no cuentan con propuestas concretas para enfrentar esta problemática.
Fuente: Jaime Abanto Padilla (FB)
Fecha: 7 septiembre, 2026
