El proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) propone un Régimen de Consolidación que comenzaría el 1 de enero de 2027 y concluiría el 31 de diciembre de 2028. Según el material proporcionado al que Rumbo Minero tuvo acceso en exclusiva como único medio especializado en la mesa de trabajo realizado en el Ministerio de Energía y Minas (Minem), estaría dirigido exclusivamente a personas con inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) al 31 de diciembre de 2026, quienes quedarían habilitadas temporalmente para operar en las coordenadas declaradas, conforme a los requisitos establecidos. Estas disposiciones corresponden a una propuesta normativa.
La iniciativa busca superar la fragmentación normativa, los mecanismos temporales y la limitada articulación institucional que dificultan la formalización minera. Su objeto es establecer un marco jurídico especial para autorizar, regular, supervisar, fiscalizar y promover la MAPE, así como facilitar su incorporación y permanencia en cadenas formales de valor.
Ley MAPE: régimen ordinario y transición del REINFO
El proyecto contempla un Régimen Ordinario permanente para nuevos operadores y productores formalizados. Este exigiría autorización sectorial y certificación ambiental para iniciar o reiniciar actividades, con requisitos diferenciados según las características de la pequeña minería y minería artesanal, además de obligaciones de información, trazabilidad y fiscalización.
Por su parte, el Régimen de Consolidación tendría carácter temporal y excepcional, orientado a completar los requisitos pendientes y lograr la incorporación definitiva al régimen ordinario. El cronograma propuesto establece la conclusión del Proceso de Formalización Minera Integral el 31 de diciembre de 2026, sin extinguir los trámites en curso, y fija el cierre de la consolidación para el 31 de diciembre de 2028.
FORMAPE: nuevo organismo para la pequeña minería
La propuesta incluye crear el Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Minería Artesanal y Pequeña Minería (FORMAPE), adscrito al Ministerio de Energía y Minas (MINEM), con autonomía técnica, funcional, administrativa y financiera. El MINEM mantendría el diseño y evaluación de las políticas nacionales, mientras el nuevo organismo ejecutaría programas y servicios, conduciría ambos regímenes, evaluaría instrumentos ambientales y emitiría acreditaciones y autorizaciones de inicio o reinicio de actividades.
Certificación ambiental y trazabilidad de minerales
En materia ambiental, el proyecto plantea requisitos proporcionales al riesgo y a las condiciones territoriales de la MAPE, dentro de los principios del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). También propone sistemas de trazabilidad administrados por el FORMAPE para identificar el origen, traslado, recepción, beneficio, procesamiento y comercialización de minerales, junto con una ventanilla única y una casilla electrónica obligatoria para notificaciones.
Los ejes de promoción comprenderían asociatividad, tecnologías limpias, reducción progresiva del mercurio, manejo seguro del cianuro y acceso a mercados formales. Asimismo, se propone autorizar al Banco de la Nación a ofrecer cuentas corrientes y de ahorro a pequeños mineros y mineros artesanales para fortalecer su inclusión financiera.
Contratos de explotación y responsabilidad ambiental
La iniciativa prevé incentivos para titulares del régimen general que suscriban contratos de explotación de al menos tres años con operadores MAPE: derecho de vigencia reducido, correspondiente al estrato de pequeño productor minero, y exoneración de penalidad en el área contratada. También permitiría al MINEM reservar temporalmente áreas de derechos mineros extinguidos que se superpongan con las coordenadas declaradas por personas incorporadas al Régimen de Consolidación.
Respecto a la responsabilidad ambiental y de seguridad y salud ocupacional, la modificación propuesta del artículo 19 de la Ley N.° 27651 atribuiría los incumplimientos derivados de la operación a quienes desarrollen actividades mediante contratos de explotación o cesión. Sin contrato vigente, el titular de la concesión respondería solidariamente por los impactos ambientales si la autoridad competente acredita su participación. El incumplimiento ambiental formalmente comprobado constituiría causal automática de resolución del contrato de explotación.
Finalmente, el texto plantea un plazo común de 120 días calendario desde la publicación de la ley para su reglamentación y adecuaciones normativas. Estas incluirían el reglamento general y ambiental, propuestas de simplificación tributaria, disposiciones específicas sobre explosivos y la remisión al Congreso del proyecto de organización y funciones del FORMAPE.
Fuente: rumbominero.com
Fecha: 9 octubre, 2026