El consultor en temas mineros Iván Arenas sostuvo que la propuesta del nuevo régimen de consolidación de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE) responde no solo a la necesidad de avanzar en la formalización minera, sino también al contexto político y social que enfrenta el Gobierno.
Durante el bloque Minería y Sociedad en Rumbo Minero Central, Arenas explicó que la iniciativa presentada por el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, contempla un plazo aproximado de 18 meses para que más de 31,000 mineros inscritos en el proceso de formalización continúen con sus trámites.
Según el especialista, esta disposición debe analizarse considerando las presiones sociales y políticas que enfrenta el Ejecutivo, entre ellas la inseguridad ciudadana, la criminalidad y los posibles efectos del fenómeno de El Niño.
Ley MAPE: Arenas advierte sobre el riesgo de movilizaciones
Arenas consideró que el plazo adicional propuesto busca evitar un nuevo escenario de conflictividad social, debido a que una eventual interrupción del proceso de formalización podría provocar movilizaciones de los mineros vinculados al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
En ese sentido, señaló que el Gobierno habría evaluado las consecuencias políticas y sociales antes de presentar el nuevo régimen.
El consultor indicó que la propuesta contiene aspectos positivos y puntos críticos que deberán discutirse durante el debate legislativo. Sin embargo, destacó que la temporalidad de 18 meses constituye uno de los elementos centrales de la iniciativa.
Contexto político influye en la propuesta de formalización
Para Arenas, el Gobierno también enfrenta dificultades en su relación con el Congreso, por lo que consideró que la propuesta del Minem busca evitar la apertura de un nuevo frente de conflicto.
Asimismo, sostuvo que el debate sobre la Ley MAPE deberá considerar tanto las necesidades de formalización de los pequeños productores mineros como las implicancias sociales y políticas de una nueva ampliación de plazos.
De esta manera, el especialista planteó que la discusión no debe limitarse al contenido normativo, sino incorporar el contexto en el que se busca implementar el nuevo régimen de consolidación minera.
Fuente: rumbominero.com
Fecha: 23 octubre, 2026