En el marco de la III Asamblea Nacional de las Rondas Campesinas del Perú, realizada los días 24 y 25 de octubre de 2026 en la ciudad de Cajamarca, y en conmemoración de los 50 años del surgimiento histórico de las rondas campesinas, las delegadas y los delegados participantes reafirman su compromiso con la defensa de los derechos colectivos, la libre determinación de los pueblos, los territorios comunales, el agua, la tierra, la vida, la agricultura familiar, la ganadería, la biodiversidad y el medio ambiente.
Frente al avance de las actividades extractivas legales e ilegales que generan conflictos sociales, afectan los ecosistemas, amenazan las fuentes de agua y ponen en riesgo los medios de vida de las comunidades, la Asamblea establece los siguientes lineamientos y acuerdos de alcance nacional, orientados a fortalecer la organización rondera, ejercer la vigilancia y fiscalización comunal, defender la justicia comunal y promover un modelo de desarrollo sostenible, democrático, descentralizado y respetuoso de los derechos de los pueblos.
I. LINEAMIENTOS Y ACUERDOS
1. Ejercer el derecho a la libre determinación de los pueblos
Promover y ejercer el derecho a la libre determinación, la autonomía organizativa y la participación política de los pueblos originarios e indígenas, las comunidades campesinas y las rondas campesinas, de conformidad con la Constitución Política del Perú y los instrumentos internacionales aplicables.
Para tal efecto, impulsar la construcción de agendas políticas, programas y planes de gobierno que recojan las demandas, necesidades y propuestas de las comunidades, y exigir que sean incorporados en la gestión de los gobiernos municipales distritales y provinciales, del Gobierno Regional y del Gobierno Nacional.
2. Defender los territorios comunales frente al extractivismo legal e ilegal
Fortalecer el debate, la evaluación y la toma de decisiones en las asambleas ronderas respecto de las políticas públicas, las iniciativas legislativas y las medidas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo relacionadas con las actividades extractivas, la concesión y explotación de recursos naturales, la expropiación de tierras comunales y la protección ambiental.
Rechazar las medidas y prácticas que vulneren los derechos colectivos, la propiedad comunal, la autonomía, la participación y la libre determinación de los pueblos. Exigir que toda actividad extractiva respete la legislación ambiental, los derechos humanos, los derechos territoriales y los procedimientos de consulta previa que correspondan.La legalidad de una concesión o autorización no debe interpretarse como una exoneración del cumplimiento de las obligaciones ambientales ni como una justificación para vulnerar derechos fundamentales y colectivos.
3. Revisar y cuestionar las normas que favorezcan la impunidad de la minería ilegal
Impulsar acciones políticas, organizativas, jurídicas y constitucionales destinadas a revisar y cuestionar las normas que debiliten la protección ambiental, favorezcan la impunidad de la minería ilegal o vulneren los derechos de las comunidades campesinas, los pueblos originarios e indígenas y las rondas campesinas.
Exigir la evaluación y reforma del régimen del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), así como la modificación, derogación o declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones que contravengan la Constitución y los derechos fundamentales y colectivos, según corresponda y mediante los procedimientos legalmente establecidos.
Diferenciar la minería ilegal de las actividades mineras que cumplen efectivamente las obligaciones legales, ambientales y sociales, sin permitir que los mecanismos de formalización se conviertan en instrumentos de impunidad frente a la contaminación, la destrucción de ecosistemas y la vulneración de derechos.
4. Fortalecer la vigilancia y fiscalización ciudadana y comunal
Organizar y fortalecer los mecanismos de vigilancia territorial, control social y fiscalización comunal, en coordinación con las autoridades competentes, para prevenir y denunciar la contaminación ambiental, la minería ilegal, la deforestación, la afectación de las fuentes de agua y otras actividades que amenacen la vida y la seguridad de las comunidades.
Exigir a los gobiernos municipales distritales y provinciales, al Gobierno Regional y al Gobierno Nacional que cumplan sus responsabilidades de prevención, fiscalización, sanción y remediación ambiental, así como las normas nacionales y los instrumentos internacionales que protegen los derechos colectivos.
Reafirmar el ejercicio legítimo de las funciones de las rondas campesinas, dentro del marco constitucional, legal, estatutario y de respeto a los derechos humanos, fortaleciendo la coordinación con las comunidades y las instituciones públicas competentes.
5. Impulsar democráticamente una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución
Promover el debate, la organización y la movilización democrática por una Asamblea Constituyente que permita construir una nueva Constitución Política del Perú, con carácter plurinacional, participativo, democrático, descentralizado y orientado a la justicia social.
La propuesta constitucional deberá reconocer y garantizar los derechos colectivos de los pueblos, la autonomía de las comunidades, el pluralismo jurídico, la justicia comunal, la participación política, la propiedad comunal, la protección de los territorios y la gestión sostenible de los bienes naturales.
Asimismo, deberá fortalecer la descentralización del poder, la lucha contra la corrupción, la defensa de la soberanía nacional y la participación efectiva de las organizaciones sociales y de los pueblos en las decisiones que afectan sus condiciones de vida y su futuro.
6. Exigir la identificación, remediación y reparación de los daños ambientales
Demandar al Estado la elaboración y ejecución de planes y proyectos de inversión pública destinados a identificar, evaluar, recuperar y remediar los pasivos ambientales y mineros, especialmente en las zonas afectadas por actividades ilegales, abandonadas o desarrolladas sin las medidas adecuadas de prevención y protección ambiental.
Exigir que las empresas mineras cumplan sus obligaciones de cierre de minas, rehabilitación de las áreas intervenidas, reparación de los daños ocasionados y cumplimiento de sus compromisos ambientales, bajo una fiscalización estatal efectiva.
Reclamar que los costos de prevención, remediación y reparación sean asumidos por los responsables conforme a la ley, evitando que la población y las comunidades afectadas carguen injustamente con las consecuencias económicas, sociales y ambientales de la contaminación.
7. Rechazar la imposición de proyectos mineros que vulneren los derechos de los pueblos
Reafirmar la defensa irrestricta del agua, la vida, la tierra, la agricultura, la ganadería, los ecosistemas y las cabeceras de cuenca, bajo el principio histórico de lucha de Cajamarca: ¡Conga no va!
Rechazar la imposición de proyectos mineros que amenacen las fuentes de agua, los ecosistemas, los territorios comunales y los medios de vida de la población, especialmente cuando se vulneren los derechos colectivos, la participación ciudadana o los procedimientos de consulta previa que correspondan.
Exigir que las decisiones sobre los territorios respeten la Constitución Política del Perú, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los instrumentos internacionales de derechos humanos y la legislación ambiental vigente.
La Asamblea reafirma que el desarrollo no puede justificarse a costa de la destrucción de las fuentes de agua, la afectación de la agricultura familiar, la pérdida de biodiversidad o la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades.
8. Impulsar el seguimiento nacional e internacional del caso Conga
Encargar al Consejo Consultivo Nacional Técnico-Jurídico, en coordinación con la dirigencia nacional de las Rondas Campesinas del Perú, el seguimiento permanente de las acciones relacionadas con el megaproyecto minero Conga, evaluando e impulsando las vías administrativas, judiciales, constitucionales e internacionales que resulten pertinentes para la defensa de los derechos colectivos, la autodeterminación territorial, el agua, el medio ambiente y los derechos humanos.
Asimismo, realizar las gestiones y hacer el seguimiente correspondiente la demanda de fondo del megaproyecto minero Conga ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para la inviabilidad.
9. Fortalecer la unidad, autonomía y organización nacional de las rondas campesinas
Fortalecer la unidad, la autonomía, la democracia interna y la articulación de las rondas campesinas en los niveles distrital, provincial, regional y nacional, respetando sus estatutos, principios, acuerdos de asamblea y formas legítimas de organización.
Promover la formación permanente de ronderos y ronderas en materia política, jurídica, ambiental, organizativa, cultural y de derechos humanos, con especial participación de las mujeres, la juventud y las nuevas generaciones.
Impulsar la renovación democrática de los cuadros dirigenciales, la transparencia, la rendición de cuentas y la solución orgánica de las diferencias internas, evitando el divisionismo y fortaleciendo la unidad en torno a los principios históricos de las rondas campesinas.
10. Convertir los acuerdos en una agenda nacional de cumplimiento
Encargar a la dirigencia nacional de las rondas campesinas, en coordinación con las federaciones de base, las organizaciones territoriales y el Consejo Consultivo Nacional, la elaboración de una agenda nacional de trabajo para implementar los acuerdos de la III Asamblea Nacional.
La agenda deberá establecer objetivos, actividades, responsables, plazos, recursos y mecanismos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, garantizando la participación de las bases y la comunicación permanente de los avances.
Esta agenda priorizará la defensa de los derechos colectivos, la justicia comunal, la protección del medio ambiente, la lucha contra la corrupción y la minería ilegal, la defensa de la agricultura familiar, la protección de las cabeceras de cuenca y el fortalecimiento de la autonomía territorial y organizativa de los pueblos.
Asimismo, deberá promover la articulación con organizaciones sociales, comunidades campesinas, pueblos indígenas, productores agrarios, instituciones académicas y entidades comprometidas con la defensa de los derechos humanos y ambientales.
II. COMPROMISO HISTÓRICO A LOS 50 AÑOS DE LAS RONDAS CAMPESINAS
Al cumplirse 50 años del surgimiento histórico de las rondas campesinas, cuyo hito fundacional se remonta al 29 de diciembre de 1976 en Cuyumalca, provincia de Chota, región Cajamarca, reafirmamos nuestra lealtad a los principios de organización, solidaridad, vigilancia comunal, justicia, democracia y defensa de los derechos de nuestros pueblos.
Las rondas campesinas constituyen una expresión histórica de organización popular, identidad cultural, participación democrática, ejercicio de funciones comunales y defensa del territorio. Su trayectoria representa el esfuerzo colectivo de hombres y mujeres del campo por construir comunidades más seguras, solidarias, justas y dignas.
Por ello, reafirmamos que la defensa del agua, la tierra, los territorios comunales y el medio ambiente es una responsabilidad histórica con las generaciones presentes y futuras. Nos comprometemos a continuar fortaleciendo la unidad nacional rondera, la autonomía organizativa, la justicia comunal y la participación de los pueblos en las decisiones que afectan sus vidas y sus territorios.
Los acuerdos de esta III Asamblea Nacional deberán convertirse en compromisos concretos, acciones organizadas y resultados verificables, con participación activa de las bases y responsabilidad de sus dirigentes.
III. CONSIGNAS DE LA III ASAMBLEA NACIONAL
¡Por la unidad, autonomía y fortalecimiento de las rondas campesinas del Perú!
¡Por la defensa del agua, la tierra, la vida y los territorios comunales!
¡Por el respeto a la libre determinación de los pueblos originarios e indígenas!
¡Por la justicia comunal, los derechos humanos y la protección del medio ambiente!
¡Por una agricultura familiar digna, sostenible y libre de contaminación!
¡Conga no va! ¡Agua sí, minas no en nuestras cabeceras de cuenca!
¡Vivan los 50 años de historia, lucha, organización y dignidad de las rondas campesinas del Perú!
Cajamarca, 25 de octubre de 2026.
III Asamblea Nacional de las Rondas Campesinas del Perú.
Fuente: Canal Bambamarca (FB) / RNP Noticias cadena Regional (FB) / Cajamarca Hoy (FB) / Elqui Herrera Cabanillas (FB)
Fecha: 26 octubre, 2026