Paola Bustamante, vicepresidenta y directora de Hágase Instituto, advirtió que el proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) debe precisar que únicamente los inscritos vigentes en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) puedan incorporarse al régimen de consolidación. En entrevista exclusiva con Rumbo Minero Central, señaló que esta definición resulta fundamental para evitar que el nuevo mecanismo reproduzca las dificultades del actual proceso de formalización.
Según las cifras mencionadas por Bustamante durante la entrevista, el Reinfo cuenta con aproximadamente 31.000 registros, de los cuales más de 8.000 se encuentran suspendidos. En ese contexto, cuestionó que estos últimos puedan trasladarse al nuevo régimen sin resolver previamente las causas de su suspensión. “Hubiese esperado que pasen sólo los Reinfos vigentes”, manifestó.
Régimen de consolidación: pide precisar quiénes podrán ingresar
La especialista señaló que existe una diferencia entre lo anunciado por el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados y su lectura del proyecto legislativo. Mientras el ministro indicó que ingresarían únicamente los vigentes, Bustamante sostuvo que el texto no establecería esa distinción con suficiente claridad, por lo que pidió resolverla durante el debate parlamentario.
«El proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo plantea una nueva descripción que se llama régimen de consolidación. Entonces hemos tenido, en primer lugar, una declaración de compromisos a partir del año 2012, a partir del año 2017 es el Reinfo que se ha abierto varias veces y ahora lo que plantea el gobierno es entrar a un régimen de consolidación. Eso significa que quienes estén inscritos en el Reinfo van a pasar automáticamente a este régimen de consolidación. Lo primero es que aproximadamente tenemos 31.000 registros en el Reinfo actualmente y de los cuales más de 8.000 se encuentran suspendidos. Entonces hubiese esperado que pasen sólo los Reinfos vigentes porque los suspendidos están generando probablemente algún tipo de problema y en algunos casos quizás inclusive puedan estar suspendidos hace más de un año o estando suspendidos puedan seguir operando. Creo que ahí hay una alerta», dijo.
Asimismo, alertó sobre la capacidad del Estado para intervenir a operadores con inscripciones suspendidas que continúen realizando actividades extractivas. A su juicio, el plazo de 18 meses previsto para la consolidación debe acompañarse de fiscalización efectiva y actuaciones de la Policía y el Ministerio Público. Sin esas condiciones, advirtió, “esto podría ser un reinfo ampliado con otro nombre”.
«En la presentación del ministro Shino ante la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, en esta semana, él habló que sólo entraban a este régimen de consolidación los vigentes, pero la norma señala que entran todos los que están. Sería importante que en el debate en la Cámara, se analice el tema de que pasen los vigentes y no necesariamente los suspendidos», indicó.
Agregó que «tenemos en la práctica una situación en la que los productores que tienen el régimen suspendido, el Reinfo suspendido, no debieran operar, pero están operando. Hay una alerta de capacidad de fiscalización y de incursión de la policía y la fiscalía porque un Reinfo suspendido no debería seguir operando, no debería seguir extrayendo el oro. Deberían ser considerados ilegales en todo caso. En realidad si llega la policía y los encuentra operando, automáticamente se configura el delito de minería ilegal».
«Entonces si trasladamos esta realidad de hoy, octubre del 2026, a la quincena de enero del 2027 y en el eventual caso que se apruebe, que pasen también los suspendidos, vamos a repetir la situación y creo que ese es un tema. Si bien es cierto la ley le pone otra vez plazo de cierre hasta 18 meses que se configuran en el año 2028, mediados del 2028, si no tenemos el control, si el Estado no tiene el control para intervenir a los que están suspendidos, sigue siendo una carta abierta para seguir operando sin cumplir las reglas», alertó.
Reportes periódicos sobre los avances de formalización minera
Bustamante propuso incorporar en el proyecto la obligación de que el Ministerio de Energía y Minas presente reportes al Congreso y a la ciudadanía cada tres o seis meses. Estos informes deberían precisar cuántos operadores ingresaron al régimen, cuántos lograron formalizarse y qué avances se registran en el cumplimiento de los requisitos.
«Considero también que el proyecto de ley incorporar plazos de reporte al Congreso y a la ciudadanía. Es decir, que el Ministerio de Energía y Minas periódicamente cada tres o seis meses, podría tener reportes desde la aprobación de este régimen de consolidación que comunique al país cómo va ese proceso de los 31.000 o 25.000, los que pasen», señaló.
Contratos de explotación y responsabilidad ambiental
Otro de los principales obstáculos identificados por la entrevistada es la suscripción de contratos entre los productores y los titulares de las concesiones. Según explicó, la propuesta contempla incentivos para contratos de tres años o más, vinculados con el pago del derecho de vigencia correspondiente a la pequeña minería y la exoneración de penalidades. Sin embargo, consideró necesario evaluar a cuántos concesionarios les resultarían atractivas estas medidas.
«El proyecto de ley plantea incentivos, ha dicho plantea incentivos donde si se firma un contrato de tres años a más con el productor y el concesionario van a pagar como régimen de pequeña escala, en primer lugar. Y en segundo lugar, si tiene penalidad el concesionario, le van a exonerar las penalidades. Ese es un punto de partida de incentivos, habría que ver específicamente a cuántos realmente les interesa un incentivo de este tipo», anotó.
En materia ambiental, Bustamante destacó la necesidad de definir las responsabilidades derivadas de las operaciones realizadas bajo contrato. Indicó que, según lo expuesto por el ministro, se busca atribuir al operador la responsabilidad por los impactos que genere su actividad. En ese marco, remarcó que la gestión debe orientarse a minimizar los impactos y remediarlos cuando se produzcan.
Transparencia en el debate de la Ley MAPE
La representante de Hágase Instituto también pidió que la comisión parlamentaria publique sus reuniones, las opiniones técnicas recibidas, las declaraciones juradas pertinentes y las posiciones de sus integrantes. Sostuvo que las votaciones deben acompañarse de una argumentación técnica pública para facilitar la rendición de cuentas y la vigilancia ciudadana sobre el debate de la Ley MAPE.
«Todos sabemos que en el Congreso quienes manejan la agenda son los asesores; por lo tanto, ahí puede venir la presión; entonces creo que sería bien importante que el Congreso transparente y la Comisión de Minería transparente qué opiniones llegaron, con quiénes se reúnen para tratar este tema, que sea pública la agenda de reuniones. Un tema adicional que está vinculado es dar a conocer públicamente las posiciones de cada uno, de tal manera que permita al ciudadano también un proceso de rendición de cuentas, fiscalización y supervisión de la labor de los congresistas tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. La votación de un congresista tiene que ir con la argumentación técnica y eso tiene que ser público también», remarcó.
Finalmente, señaló que la competitividad minera requiere que las entidades públicas cumplan los plazos de sus procedimientos, eliminen exigencias duplicadas y otorguen mayor prioridad a la exploración.
«Yo creo que si las entidades públicas cumplieran los plazos señalados en sus procedimientos, otra sería la realidad, porque saldrían a tiempo (los proyectos), habría predictibilidad. Lo segundo es la revisión de si es necesario tanto trámite; en algunos casos, cada entidad pide lo mismo y debemos evitar duplicidad. Creo que, en primer lugar, no se necesitan facultades para avanzar ya con simplificación administrativa de algunos procesos, pero sobre todo cumpliendo los plazos, y lo otro es darle una prioridad a la exploración, que es muy importante», finalizó.
Fuente: rumbominero.com
Fecha: 30 octubre, 2026