26 de Abril del 2025, La Comunidad Campesina San Andrés de Negritos en el distrito de La Encañada provincia de Cajamarca, presentó ante el Poder Judicial una demanda constitucional de amparo contra el Estado peruano, en la que solicita la restitución de sus territorios. Para ello, exigen que se anule una resolución (Resolución N.º 143-95-RENOM/AG) mediante la que la Dirección Regional Agraria de Cajamarca desconoció, de forma inconstitucional, el reconocimiento oficial de la comunidad y permitió la adjudicación individual de su territorio ancestral en beneficio de intereses privados y de la empresa minera Newmont Yanacocha (filial de la multinacional Newmont Corporation).
En la demanda, la comunidad evidencia cómo, entre 1991 y 1996, el aparato estatal fue instrumentalizado para permitir el ingreso de la empresa minera a través de resoluciones que fragmentaron el territorio comunal, sin el consentimiento libre, previo e informado de la asamblea general de comuneros. Las más de 14 mil hectáreas de tierras ancestrales de la comunidad fueron adjudicadas de manera individual sobre la base de actas sin quórum legal, firmas no calificadas, y bajo el impulso directo de funcionarios agrarios en coordinación con la minera.
“Para nosotros es importante haber presentado esta demanda porque el Estado, a través del Ministerio de Agricultura, despojó a la comunidad para beneficiar a la minera Yanacocha”, dice Jesús Castrejón, representante de la comunidad San Andrés de Negritos.
Asimismo, Castrejón asegura que esta acción judicial representa un gran reto para su comunidad: “Conseguir la restitución de los derechos del pueblo olvidado de San Andrés de Negritos, la restitución de nuestro territorio, que el Gobierno nos despojó en complicidad con la minera Yanacocha. Nos borraron para entregar nuestra tierra a la mina”, denuncia.
Una historia de despojo institucionalizado
La comunidad fue reconocida oficialmente por el Estado en 1990 y obtuvo un título de propiedad comunal inscrito en Registros Públicos. No obstante, en 1995, se dictó la Resolución N.º 143-95-RENOM/AG, que anuló sin competencia legal su reconocimiento oficial y, con ello, habilitó un proceso de titulación individual. Esta medida fue el paso previo para permitir la instalación y expansión del proyecto minero Yanacocha.
Lejos de tratarse de un proceso interno, los documentos oficiales muestran la participación activa de la Dirección Regional Agraria, el Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT) y representantes de la empresa minera, que organizaron reuniones con un sector de comuneros sin cumplir con los requisitos de representatividad establecidos en la Ley de Comunidades Campesinas. Las decisiones de adjudicación individual se ejecutaron sobre la base de actas cuestionadas, con participación de personas ajenas a la comunidad y sin información adecuada para los comuneros.
Estas medidas se basaron en argumentos frágiles e ilegales, como la supuesta voluntad de los comuneros de titular individualmente sus parcelas. Sin embargo, como ha sido ampliamente documentado, estas firmas fueron obtenidas sin brindar información clara ni consentimiento válido, en un contexto de desigualdad entre la comunidad y los representantes estatales y privados.
En ese contexto, la anulación de la comunidad fue clave para facilitar el ingreso de la minera Yanacocha, que obtuvo concesiones sin consulta previa, acceso a tierras estratégicas para su operación, y firmó acuerdos con supuestos representantes de la comunidad sin legitimidad ni representatividad.
“Este caso muestra cómo someter a una comunidad y despojarla de su territorio, cuando se quiere realizar actividad minera en su territorio sin cumplir con los derechos de esta comunidad y sin cumplir con las obligaciones internacionales. Lo que existió fue un proceso de cooptación y manipulación para habilitar el acceso de Yanacocha a tierras comunales”, señala Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).
«Esperamos conseguir justicia», ha dicho Jesús Castrejón, representante de la comunidad.
La Comunidad exige que se protejan sus derechos
Este no es el primer litigio que enfrenta San Andrés de Negritos. En 2023, la comunidad ya había presentado una demanda constitucional contra la empresa Yanacocha y las autoridades del Estado por vulnerar su derecho a la autodeterminación territorial, al haber otorgado concesiones sin consulta previa para el proyecto minero Colorado.
Además, el caso ha sido documentado por medios nacionales e internacionales, incluyendo reportajes de la Red Latinoamericana sobre Extractivismo y Derechos Humanos. Como recuerdan los comuneros de San Andrés de Negritos, mientras Yanacocha obtenía servidumbres, hipotecas y títulos sobre sus tierras, la comunidad era invisibilizada jurídicamente.
Con esta nueva demanda, la comunidad exige la restitución integral de sus derechos: que se reconozca nuevamente su reconocimiento oficial, que se anulen todos los actos administrativos que permitieron el despojo de su territorio, que se reviertan las inscripciones individuales impuestas y que se devuelva el dominio colectivo sobre las 14.375 hectáreas de tierras comunales que históricamente han habitado.
Además, la comunidad solicita que el Estado y la empresa Yanacocha establezcan un mecanismo de compensación económica por los más de 30 años de explotación minera en su territorio, sin consulta ni participación en los beneficios generados.
Para el abogado del IDL Pável Labán, la comunidad de San Andrés de Negritos ha sido víctima de un despojo sistemático y estructural. “Inició con la anulación administrativa de su personería jurídica y continuó con la fragmentación de su territorio comunal a favor de intereses mineros. Hoy exigimos su restitución, como lo garantiza el Convenio 169 de la OIT y la amplia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este caso es un ejemplo de cómo el aparato estatal sirvió para despojar a una comunidad entera, beneficiando a una multinacional como Yanacocha”, sostiene.
Con todo, la comunidad espera que en los próximos meses la justicia atienda su pedido y emita una sentencia favorable, que proteja sus derechos. “Llevamos tres décadas de despojo sistemático. Ahora, esperamos conseguir justicia y tenemos fe en que vamos a tener éxito para la restitución de nuestros derechos constitucionales”, sentencia Castrejón.
FUENTE: RNP Noticias cadena Regional (FB)