En un contexto de desconfianza creciente hacia la gestión pública en el sector salud, una reciente investigación de la Contraloría General de la República ha puesto en evidencia serias irregularidades cometidas durante la Adjudicación Simplificada N.º 17-2022-DIRESAC-1, ejecutada por la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Cajamarca. En el centro de esta trama se encuentra el servidor público Nicolás García Herrera, quien se desempeñó como miembro titular del Comité de Selección que adjudicó una compra sobrevalorada de tanques de polietileno, generando un perjuicio económico al Estado por más de 35 mil soles.
Pese a la contundencia del informe de control, que señala responsabilidad directa y documentada de varios funcionarios, hasta la fecha la DIRESA no ha resuelto administrativamente el caso de Nicolás García Herrera. Su aparente impunidad ha generado suspicacias, más aún cuando diversas fuentes políticas señalan que el servidor estaría siendo promovido como posible candidato del partido oficialista Somos Perú, lo cual sugiere un preocupante manto de protección.
LOS HECHOS SEGÚN LA CONTRALORÍA
El Informe de Control Específico N.º 046-2024-2-0828-SCE detalla con precisión cómo el Comité de Selección, integrado por Lastenia Campos, Anthony Saona y Nicolás García Herrera, descalificó de forma irregular la oferta más económica del proveedor Echevarría & CO EIRL sin permitir la subsanación correspondiente, pese a que los errores detectados eran subsanables según el Reglamento de Contrataciones del Estado. En su lugar, otorgaron la buena pro a una empresa con una oferta más cara, sin verificar adecuadamente su experiencia técnica.
El resultado fue un contrato adjudicado por S/ 219,520.00, cuando existía una oferta válida por S/ 197,562.80, lo que representa una pérdida directa para la entidad de S/ 21,957.20. A ello se suma otro hecho grave. Uno de los tanques adquiridos nunca fue instalado, pero igualmente se pagó como si lo estuviera, ocasionando un perjuicio adicional de S/ 13,206.10. Total del daño: S/ 35,163.30.
EL ROL DE NICOLÁS GARCÍA HERRERA
En el informe, Nicolás García Herrera aparece firmando el acta de buena pro pese a que, en su descargo, asegura no haber participado en la evaluación técnica. Esta contradicción ha sido interpretada por los auditores como un acto negligente. La Contraloría concluye que García Herrera incumplió sus funciones como miembro del Comité de Selección, firmando documentos que no corresponden a una evaluación que él mismo niega haber realizado. Este hecho, lejos de eximirlo, lo compromete aún más.
¿POR QUÉ NO SE SANCIONA?
Pese a la evidencia y la determinación de presunta responsabilidad administrativa y civil, el proceso disciplinario interno en la DIRESA sigue sin resolverse. Diversos servidores públicos sancionados en casos similares han sido separados provisionalmente o cesados, pero en este caso no ha ocurrido lo mismo.
La inacción administrativa abre una sospecha legítima. ¿Está siendo protegido políticamente Nicolás García Herrera?
EL TRASFONDO POLÍTICO
Según versiones recogidas de fuentes internas del Gobierno Regional de Cajamarca, Nicolás García estaría siendo voceado como precandidato de Somos Perú, el partido de gobierno en la región, dado a que se presentaría como alcalde de Chetilla. La posibilidad de que su caso se haya “congelado” por intereses políticos no puede descartarse, sobre todo en un contexto donde la neutralidad de las decisiones administrativas está bajo cuestionamiento.
Esta situación pone en entredicho no solo la transparencia de la gestión pública, sino también la autonomía de las entidades encargadas de sancionar la corrupción en el aparato estatal.
CONCLUSIÓN
El caso de Nicolás García Herrera no es simplemente un asunto administrativo. Es un reflejo de cómo el clientelismo político puede interferir en la lucha contra la corrupción. La evidencia recopilada por la Contraloría es clara y contundente. Pero la falta de acción por parte de la DIRESA y su órgano de sanciones administrativas muestran claramente el aparente blindaje que rodea al servidor investigado, y ponen en peligro no solo la credibilidad institucional, sino también la integridad de los procesos democráticos si su candidatura se concreta.
¿Hasta cuándo se permitirá que funcionarios señalados por corrupción se reciclen en la política bajo el auspicio de partidos de gobierno? Esa es la pregunta que queda abierta.