La minería ilegal se desarrolla sin permisos, con maquinaria no autorizada y frecuentemente en áreas protegidas o restringidas.
A nivel social, la minería ilegal genera violencia, desplazamiento de familias y control territorial por parte de grupos ilegales.
La minería constituye una actividad económica relevante en distintas regiones del país, incluida Cajamarca. Cuando se realiza de manera formal, genera empleo y contribuye al desarrollo económico de las comunidades. Cabe destacar que Cajamarca posee las mayores reservas probadas y probables de oro, registrando el 33% del total de reservas contabilizadas al año 2021.
Sin embargo, la minería ilegal, que opera fuera del marco legal y en zonas no autorizadas, representa un desafío que afecta la economía, el medio ambiente y la seguridad de la población.
“A diferencia de la actividad minera formal, la minería ilegal se desarrolla sin permisos, con maquinaria no autorizada y frecuentemente en áreas protegidas o restringidas. Esta falta de control genera impactos que van más allá de lo ambiental: fomenta la violencia, perpetúa la informalidad, alimenta el crimen organizado y limita la capacidad del Estado para regular y proteger a las comunidades”, explicó Carlos León, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES).
Precisamente, la minería ilegal se concentra en varias regiones del país, incluida Cajamarca, donde la limitada presencia del Estado y la escasez de recursos dificultan la supervisión y el control. Entre 300 mil y 500 mil personas participan directa o indirectamente en estas actividades, mientras que las pérdidas económicas para el país ascienden a aproximadamente 22,700 millones de soles al año, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.
En Cajamarca, el presupuesto destinado a combatir la minería ilegal es insuficiente. En 2024, la región recibió menos de 40 mil soles, lo que limita su capacidad operativa y dificulta la intervención oportuna en los focos de actividad ilícita. Esta situación ha permitido que la minería ilegal continúe expandiéndose, afectando especialmente a zonas rurales y comunidades cercanas a centros mineros.
Según la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, los efectos de la minería ilegal se sienten a nivel social, económico, institucional y ambiental. En lo social, fomenta la violencia y la desconfianza hacia el Estado; en lo económico, debilita la economía formal, alimenta el flujo de dinero ilícito y socava el sistema financiero.
nivel institucional, refuerza la corrupción y limita la capacidad del gobierno para regular y controlar el sector. Por último, en lo ambiental, provoca deforestación masiva y contaminación de cuerpos de agua, lo que pone en riesgo ecosistemas, biodiversidad y recursos hídricos.
“Es necesario implementar operativos de interdicción constantes y coordinados, apoyados en tecnología de monitoreo satelital, drones y análisis forenses, para proteger a los agentes y mejorar la efectividad de la intervención. La coordinación interinstitucional y la cooperación con regiones vecinas también son esenciales para reforzar el control territorial y asegurar la trazabilidad de los recursos extraídos legalmente”, puntualizó León.
Fuente: Periodismo urbano (FB)
Fecha: 14 enero, 2026