El politólogo Carlos De la Torre Paredes advirtió que la discusión sobre la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (ley MAPE) debe conducir a una formalización efectiva y evitar que el nuevo esquema reproduzca las debilidades del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).
En entrevista exclusiva con Rumbo Minero Central, el especialista consideró urgente alcanzar acuerdos para superar el actual modelo. Sin embargo, alertó sobre el riesgo de que la negociación política termine dando paso a requisitos demasiado flexibles, sin controles suficientes frente a la minería ilegal.
Ley MAPE debe evitar repetir las debilidades del REINFO
“El otro gran problema sería que en esta negociación por esta ley Mape saquen una que sea un nuevo Reinfo”, manifestó. Según explicó, cambiar la denominación del mecanismo no resolvería los problemas si se mantienen condiciones que permitan prolongar la informalidad.
«¿Qué hacer con esta ley mape? Ojalá realmente que se logre negociar y terminar con el tema del Reinfo porque es urgente. El otro gran problema sería que en esta negociación por esta ley Mape saquen una que sea un nuevo Reinfo, que simplemente termine siendo algo muy laxo que genere un escenario similar al que venimos viviendo los últimos años. Sería ayudar a los ilegales a cambiarle el nombre que tanto odian», anotó.
De la Torre sostuvo que facilitar la creación de empresas y el desarrollo de actividades mineras debe acompañarse de medidas efectivas frente a las operaciones ilegales. En su análisis, los intereses económicos y políticos alrededor de estas actividades dificultan la adopción de decisiones para enfrentar el problema.
«Tal vez parte de la negociación que vayamos a ver los próximos meses es intentar volver más laxa esta posibilidad de nueva ley Mape que se está planteando, que sería un problema porque necesitamos sí terminar con el Reinfo, sí necesitamos flexibilidad para generar empresa, para hacer minería, pero tampoco puede cerrar los ojos frente a lo que está pasando con la minería informal, la minería ilegal que está destruyendo el país», enfatizó.
El politólogo también planteó reforzar la cooperación internacional contra la minería ilegal, debido a su vinculación con otras economías ilícitas.
«No hay voluntad política para detener el tema. Hay muchos intereses de grupos pequeños, de las economías ilegales. Esto se combina también con actores políticos ahorita, en elecciones subnacionales de todas maneras los espacios de minería informal son muy cotizados. Los alcaldes, los gobernadores están peleándose por los espacios donde hay canon. Lo que se tiene que hacer para poder frenar el tema de la minería ilegal es una acción internacional», remarcó.
Negociación política y previsibilidad para el sector minero
Respecto de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, De la Torre consideró que las posiciones de bloqueo pueden dificultar los acuerdos necesarios para impulsar la agenda minera. En particular, cuestionó el accionar de Juntos por el Perú y sostuvo que sus posiciones generan, a su juicio, incertidumbre sobre las decisiones que podrían adoptarse desde el Parlamento.
«Definitivamente el accionar de Juntos por el Perú genera la idea de poca previsibilidad debido a estos vaivenes. Se espera siempre que cuando un gobierno inicia, tenga facultades de forma muy rápida, eso no se ha visto tanto en este caso. El problema de enfrentar una oposición que busca vetar básicamente, es que no deja avanzar y lleva a escenarios de juegos de suma cero, en donde uno gana y el otro pierde, que al final no benefician a nadie», dijo.
El especialista afirmó que el Ejecutivo debe buscar puntos de encuentro para evitar un escenario de confrontación permanente. “Tiene que intentar negociar, intentar llegar a puntos medios”, expresó, al advertir que una dinámica sostenida de veto puede desgastar a los actores políticos y limitar el avance de las reformas.
Permisos mineros: simplificación y capacidad técnica del Estado
Sobre la tramitología, De la Torre indicó que la Ventanilla Única y las reformas normativas requieren una administración pública capaz de ejecutarlas. Identificó la alta rotación y las limitaciones técnicas en los gobiernos subnacionales como obstáculos, por lo que planteó fortalecer a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) para mejorar la implementación de la simplificación administrativa.
Finalmente, sostuvo que las dificultades para impulsar la exploración y la inversión minera también deben analizarse junto con el avance de la minería ilegal. Según su evaluación, los intereses asociados a estas actividades han generado nuevos espacios de conflictividad que complican el desarrollo de la minería formal.
Fuente: rumbominero.com
Fecha: 2 octubre, 2026