El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, advirtió que el país podría cerrar el año sin una Ley para la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), debido a la falta de acción tanto del Congreso como del Ejecutivo. En conversación con Rumbo Minero, señaló que ambos poderes del Estado han preferido evadir responsabilidades, manteniendo un sistema que favorece la informalidad minera por conveniencia política.
Un estancamiento que deja el problema en manos del Congreso
Herrera Descalzi recordó que el año pasado el Congreso otorgó una prórroga de seis meses al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), con el compromiso de que el Ejecutivo elaborara la nueva Ley MAPE en ese lapso. Sin embargo, la tarea fue trasladada nuevamente al Legislativo, sin resultados visibles.
“No veo avances en el tema de la Ley MAPE. Lo que no se haga en octubre y noviembre no se va a hacer. El Ejecutivo ya se lavó las manos diciendo que la ley es tarea del Congreso”, afirmó el exministro.
Según explicó, el Ejecutivo informó haber alcanzado consensos técnicos con los actores del sector, pero esos documentos nunca fueron publicados, lo que revela una falta de transparencia en el proceso.
“Yo los busqué, pero no los encontré como documentos públicos. No sé cuáles fueron los puntos de acuerdo. Todo ha quedado en palabras”, agregó.
Una estructura informal cómoda y difícil de fiscalizar
El exministro señaló que la actual clasificación entre pequeña minería y minería artesanal refleja una brecha estructural. Mientras los pequeños mineros actúan como empresarios, los artesanales lo hacen como trabajadores sin derechos ni beneficios.
“Los pequeños mineros están en una posición cómoda. No tienen obligaciones laborales, no los fiscaliza la Sunafil ni la ONP, porque no existen formalmente. Nadie los puede fiscalizar, y por eso no quieren ser formales”, sostuvo.
Herrera Descalzi consideró que detrás de la aparente precariedad de algunos sectores mineros informales existen intereses económicos bien organizados. Recordó que durante una protesta en la avenida Abancay, “los manifestantes no eran actores reales del sector, sino personas contratadas para mostrar fuerza y organización”.
“Fue una demostración de número, de capacidad. Pero no eran los verdaderos mineros, eran personas pagadas para estar allí”, relató.
¿Puede el Ejecutivo aún revertir la inacción?
Herrera Descalzi cuestionó el papel del Ejecutivo, al que acusó de limitarse a promesas y anuncios sin ejecución real. Recordó que el Congreso le encargó al Ministerio de Energía y Minas diseñar un sistema operativo de información que permitiera rastrear electrónicamente las actividades de la pequeña minería, pero el avance fue mínimo.
“El ministro dijo que cumplirían los pasos, que en seis meses estaría el programa y en otros seis lo aprobarían dentro del sector. Yo calculé que eso se iba hasta julio del 2026. En la práctica, estaban postergando el problema hasta el cambio de gobierno”, advirtió.
Además, señaló que la violencia ocurrida en Pataz forzó una respuesta parcial del Ejecutivo, que solo actuó ante la presión mediática. “Los asesinatos de Pataz levantaron una alerta roja, y recién ahí comenzaron a hacer algunas cosas”, apuntó.
Presiones políticas y riesgo de una nueva prórroga del REINFO
El exministro consideró que el Confemin y otros gremios mineros buscarán ejercer presión social para forzar una nueva ampliación del registro.
“La estrategia de la minería informal y, sobre todo, de la ilegal es extender, extender y extender los plazos. Se valen de la inoperatividad del Ejecutivo y el Legislativo. Y el aliciente son los votos y los soles que hay detrás de los pequeños mineros”, advirtió.
Herrera Descalzi prevé que, al cierre del año, no habrá Ley MAPE aprobada, lo que abrirá la puerta a un nuevo periodo de incertidumbre.
“A fin de año volverán a decir que no se logró consenso y habrá otra prórroga más. No quieren tocar la minería informal, y eso seguirá hasta 2026”, aseguró.
Formalización pendiente y costo político
Finalmente, el exministro recordó que el gobierno de Dina Boluarte ya sacrificó a un ministro por los retrasos en el proceso.
“La cabeza que rodó fue la del ministro Óscar Vera Mucho. Él cumplió con presentar su proyecto de ley, pero no dependía solo del Ministerio. Le cortaron la cabeza por un costo político”, señaló.
Para Herrera Descalzi, el Estado ha optado por una postura pasiva frente a un problema que afecta la gobernabilidad y la recaudación fiscal, mientras los actores informales consolidan su poder económico y político.
“El Ejecutivo no ha querido resolver el problema. Se cruza de brazos y dice: ‘Ya hice mi parte, ahora le toca al Congreso’. Pero lo cierto es que ninguno de los dos quiere asumir el costo político de formalizar”, concluyó.