El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, cuestionó duramente el retiro de las instituciones del Estado en la provincia de Pataz y advirtió que la magnitud económica de la minería informal e ilegal en el país no puede explicarse sin una conducta permisiva del aparato estatal.
Herrera Descalzi señaló que le resultó “sorprendente” que, tras el vencimiento del decreto de urgencia que sostenía la presencia multisectorial en Pataz, el Estado no haya previsto siquiera una prórroga mínima, pese a tratarse de una de las zonas más convulsionadas del país por la minería ilegal.
“Puede pasársele a una institución, pero no a cuatro o cinco a la vez. Todas sabían que el decreto vencía el 31 de diciembre”, afirmó.
El exministro puso énfasis en las cifras para dimensionar el problema. Según indicó, el Perú exporta alrededor de 80 toneladas anuales de oro de origen legal, mientras que la minería informal e ilegal alcanza cerca de 90 toneladas por año, lo que representa unos US$ 12.000 millones anuales que circulan fuera del control efectivo del Estado.
“No puede ser que US$ 12.000 millones pasen así como así y nadie responda. Estas cosas pasan porque el Estado quiere que pasen”, sostuvo.
En ese sentido, cuestionó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) se haya convertido en un mecanismo que se extiende indefinidamente, permitiendo que la minería informal continúe operando y sirviendo de cobertura para actividades ilegales y criminales.
Menor presencia policial y libre tránsito de mineral
Herrera Descalzi también advirtió sobre la reducción del contingente de seguridad en la zona. Según las cifras difundidas, la Policía pasó de 284 a solo 84 efectivos, mientras que la presencia militar también se redujo de forma significativa.
Este debilitamiento coincidió con nuevos episodios de violencia, incluido el asesinato de tres personas dentro de un socavón a fines de diciembre, así como con el tránsito de volquetes con cargamentos valorizados en hasta US$ 100.000 por unidad, sin control efectivo en los puestos de fiscalización.
“Todo estaba cerrado y el mineral seguía pasando. Las cifras son demasiado grandes como para decir que no lo vieron”, afirmó.
Responsabilidad recae en la PCM y exige fiscalización
Para el exministro, la responsabilidad no solo recae en los titulares de cada entidad, sino principalmente en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), encargada de articular la acción del Estado. A su juicio, la falta de coordinación evidencia una grave omisión política y administrativa.
Finalmente, sostuvo que corresponde al Congreso de la República ejercer una fiscalización real, no solo enfocada en la ampliación del Reinfo, sino en esclarecer por qué una zona estratégica como Pataz quedó sin control estatal.
Fuente: rumbominero.com
Fecha: 19 enero, 2026