Cesan a fiscal Quijano Sena que investigaba minería ilegal y a policías en San Ignacio

En medio del avance de la minería ilegal en Jaén y San Ignacio, la Fiscalía de la Nación dio por concluido el nombramiento de Miguel Ángel Quijano Sena como fiscal provincial provisional y su designación al frente de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de San Ignacio. La decisión fue oficializada mediante la Resolución N.° 3335-2026-MP-FN, del 23 de octubre, y se sustenta en informes que cuestionan la respuesta fiscal frente al crecimiento de esta actividad ilícita.

Entre los argumentos, se menciona la preocupación por la falta de una respuesta oportuna ante el incremento de la minería ilegal, así como las dificultades que habría tenido el fiscal para desplazarse a operativos dentro de su jurisdicción. Según la resolución, durante 2026 se realizaron cinco operativos entre abril y julio, sin nuevas acciones posteriores. Además, se reportaron una denuncia y cinco quejas ante la Autoridad Nacional de Control, de las cuales cuatro fueron concluidas sin sanción y dos seguían en trámite.

Sin embargo, durante la gestión de Quijano Sena también se desarrollaron investigaciones e intervenciones contra la minería ilegal. En Churuyacu, la Fiscalía obtuvo nueve meses de prisión preventiva para cinco investigados y se incautó una excavadora y motobombas. Asimismo, se realizaron operativos en Huallape, Santa Rosa de la Yunga y Cerro Ñongope, entre otros sectores de Jaén y San Ignacio, donde se decomisó maquinaria y equipos presuntamente utilizados en actividades extractivas.

Otro aspecto relevante es que la Fiscalía Ambiental mantenía investigaciones por presunta minería ilegal que involucraban a 22 personas, entre ellas tres policías en actividad. Uno de los efectivos también registraba una denuncia por presuntos cobros irregulares a mineros informales. Estos hechos continúan bajo investigación y no determinan responsabilidad penal. La resolución no señala presiones políticas ni represalias como motivos del cese, mientras queda pendiente conocer quién asumirá el despacho y cómo se garantizará la continuidad de las investigaciones y los operativos.