Una denuncia de carácter administrativo y penal cuestiona la designación y posterior continuidad funcional de la Mg. Yuliza Esmeralda Narro Abanto en cargos directivos dentro de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Cajabamba y San Pablo, por la presunta presentación de documentos con información inexacta o falsa para acreditar experiencia específica exigida por la normativa vigente.
De acuerdo con la información contenida por el equipo del Capo de la Noticia, la funcionaria habría presentado un certificado de trabajo emitido por la Municipalidad Provincial de Cajabamba, con fecha 21 de noviembre de 2016, donde se consigna que se desempeñó como Administradora del Centro Médico Municipal “Germán Contreras Jara”, durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2014 y el 31 de agosto de 2015.
in embargo, como prueba contradictoria, se adjuntó el recibo por honorarios electrónico N.° E001-5, en el cual se detalla un servicio de apoyo a la Gerencia de Administración y Finanzas, prestado únicamente entre el 6 y el 26 de enero de 2015 (21 días). Según el denunciante, esta información no se condice con un cargo de jefatura ni con la continuidad laboral señalada en el certificado cuestionado.
Designación en la UGEL Cajabamba
Con dichos documentos, la Mg. Narro Abanto fue designada como Directora de Sistema Administrativo III – Jefa de la Oficina de Administración de la UGEL Cajabamba, mediante la Resolución Directoral UGEL N.° 2203-2024-GR.CAJ-DRE/UGELCAJB.
La denuncia sostiene que esta designación no cumpliría con los requisitos mínimos establecidos en el Decreto Supremo N.° 053-2022-PCM, el cual exige dos años de experiencia específica en cargos administrativos o directivos similares. Según se indica, la experiencia real de la funcionaria se habría limitado a funciones de planificación, lo que no alcanzaría el perfil requerido.
Paso por la UGEL San Pablo
Asimismo, se señala que la funcionaria fue incorporada previamente a la UGEL San Pablo como jefa de planeamiento, etapa en la que ya se habrían advertido inconsistencias en su currículum. Posteriormente, en el 2025, el director de dicha UGEL Carlos Vásquez Murrugarra le habría designado como Jefa de Planeamiento y Gestión Institucional, pese a que existían denuncias administrativas y una investigación penal en trámite.
Según la denuncia, el director de la UGEL San Pablo habría tenido conocimiento de estos antecedentes y, aun así, permitió su contratación, hecho que deberá ser evaluado por las instancias correspondientes.
Denuncia administrativa y presunta desaparición del expediente
El caso fue registrado en la Plataforma de Integridad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) con el código npzcww80, y derivado oficialmente a la Dirección Regional de Educación (DRE) Cajamarca mediante el Oficio N.° 2898-2024-PCM-SSGEIP, el 2 de mayo de 2024, pero habrían desaparecido los documentos.
No obstante, hasta la fecha, la DRE Cajamarca no ha emitido pronunciamiento sobre el fondo del caso y, según el denunciante, el expediente administrativo habría sido extraviado, situación que ha generado preocupación por una posible falta de diligencia en la tramitación.
Investigación penal en curso
De manera paralela, los hechos son materia de investigación en la Fiscalía Penal de Cajabamba, bajo la Carpeta Fiscal N.° 514-2025, a cargo del fiscal Dr. Amador Guillermo Calderón. En esta sede se evalúa la presunta comisión de delitos como falsa declaración en procedimiento administrativo, como también se podría tipificar falsedad genérica y aceptación indebida del cargo, delitos tipificados en el Código Penal.
Asimismo, se informó que el exsubgerente de Recursos Humanos de la Municipalidad Provincial de Cajabamba, Ysmael Herrera Barrantes, quien habría emitido la constancia cuestionada, aún no se habría apersonado a rendir su manifestación ante el Ministerio Público a pesar que ya tendria notificaciones de declaración.
Situación actual
El proceso penal continúa en etapa de investigación, mientras que el procedimiento administrativo permanece sin resolución conocida.
Hasta el cierre de esta edición, no existe pronunciamiento oficial por parte de la investigada ni de las autoridades educativas involucradas.
El caso pone bajo análisis el control de legalidad en las designaciones públicas y la eventual responsabilidad de quienes validaron, permitieron o toleraron el uso de documentación presuntamente irregular para el acceso a cargos de confianza en el Estado.
Fuente: Red Noticias San Pablo - Cajamarca (FB)
Fecha: 2 enero, 2026