El 30 de agosto de 2025, Ernesto García Cachay, entonces representante del Fondo Social Michiquillay, fue detenido por la Policía junto a otros miembros de dicha organización, en el marco de una intervención que los vinculó a la presunta recepción de una coima. El hecho dio inicio a diligencias fiscales orientadas a determinar si desde el fondo social se habrían cometido actos irregulares en la administración de recursos destinados al beneficio colectivo.
La intervención policial expuso a dirigentes sociales que tenían bajo su responsabilidad la gestión de fondos públicos y privados, generando un fuerte impacto en la opinión pública local. No obstante, la situación legal de García Cachay continúa siendo ambigua, sin que hasta la fecha se haya emitido una sentencia ni un pronunciamiento fiscal concluyente sobre su presunta responsabilidad.
El caso adquiere mayor relevancia si se recuerda que García Cachay asumió, nuevamente, la representación del Fondo Social Michiquillay en enero de este año, tras ganar las elecciones internas con un discurso centrado en que “el momento del cambio llegó” y en la necesidad de desterrar prácticas de corrupción que, según su propio planteamiento, habrían afectado históricamente a la organización. Ocho meses después, su detención terminó por poner en entredicho ese relato.
Pese a estos antecedentes, Ernesto García Cachay fue posteriormente designado como administrador de la Red Integrada de Salud Cajamarca, bajo la gestión regional encabezada por Roger Guevara, cargo formalizado mediante resolución administrativa. Antes de esta designación, su experiencia laboral se desarrolló en el ámbito privado, sin trayectoria previa conocida en la administración pública del sector salud.
La resolución que formaliza su designación se limita al acto administrativo propio del nombramiento, como corresponde legalmente. Sin embargo, la decisión política de concretarlo, en un contexto marcado por una intervención policial reciente y diligencias aún en curso, reabre un debate que trasciende lo penal. Los criterios de idoneidad, oportunidad y prudencia con los que se evalúan los cargos públicos en sectores tan sensibles como la salud, han quedado en el olvido.
Sin desconocer el principio de presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante legítima. ¿Es razonable que una investigación aún no esclarecida no pese, al menos, en la evaluación política de un nombramiento? En contextos de alta desconfianza institucional, el silencio administrativo también comunica.
El recorrido de Ernesto García Cachay, de dirigente social detenido en una investigación por presunta coima a funcionario regional, se convierte así en un símbolo incómodo de cómo el Estado gestiona sus propias alertas. Más que un asunto personal, el foco vuelve a colocarse en quién decide, con qué criterios y bajo qué estándar ético contrata.
Fuente: Otra Prensa (FB)
Fecha: 15 diciembre, 2025