Ciudad de Cajamarca. El Poder Judicial habría dictado nueve meses de prisión preventiva contra las ocho personas intervenidas durante un operativo policial contra la presunta minería ilegal en el sector Sinchao, centro poblado Pampa Grande, distrito de Chugur, provincia de Hualgayoc. Como parte de la medida, se ordenó su internamiento en el Establecimiento Penitenciario de Huacariz, en la ciudad de Cajamarca, mientras continúan las investigaciones.
La intervención se realizó el 7 de septiembre de 2026 y estuvo encabezada por el coronel PNP Edwin Aníbal Cerquera Rojas, jefe de la DIVOPUS Chota. Participaron 32 efectivos policiales de diferentes unidades, quienes intervinieron a Elmer Díaz Cerdán (38), Luis Adriano Terrores Guevara (21), Juan Eleodoro Cruz Valverde (34), Manuel Huamán Ramírez (51), Alix Díaz Ríos (44), Ronal Rojas Ramos (35), Martín Gallardo Saucedo (48) y Elida Zamora Fernández (41).
Durante el operativo, la Policía informó sobre la incautación de dos excavadoras CAT, una retroexcavadora CAT y una camioneta Toyota Fortuner, además del comiso de 35 cartuchos de explosivos tipo Semigeltina 65, mechas de seguridad, rotomartillos, generadores eléctricos, un ventilador industrial, un winche eléctrico y otros equipos y herramientas.
Los intervenidos fueron trasladados inicialmente a la Comisaría PNP Bambamarca y posteriormente puestos a disposición de las autoridades competentes. La investigación está relacionada con la presunta comisión de delitos ambientales y minería ilegal, conforme al artículo 307-A del Código Penal.
Con la decisión judicial de imponer nueve meses de prisión preventiva, los investigados deberán permanecer internados en el penal de Huacariz durante el plazo establecido, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias destinadas a esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.
Cabe precisar que la prisión preventiva es una medida cautelar y no constituye una sentencia condenatoria. Los investigados mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial firme que determine responsabilidad penal.