El problema de la titularidad de las concesiones y la limitada capacidad del Estado para procesar expedientes se encuentran entre los principales obstáculos para avanzar en la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), coincidieron especialistas del sector público, privado y académico durante el panel “Políticas de formalización minera”, realizado en el marco del Foro Formalización Minera y Desarrollo Territorial, organizado por EXPOMINA PERÚ, uno de los principales encuentros mineros de alcance nacional e internacional.
El panel reunió a representantes del sector público, privado y académico y fue moderado por Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico. Participaron Aarón Quiñón, investigador afiliado a dicho centro; Lizbeth Huamán, presidenta del directorio de Minera Sotrami S.A.; Máximo Gallo, experto en gerencia de proyectos y gestión social y exdirector general de Formalización Minera del Minem; y Paul Vega Regalado, director general de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Un 92 % sin titularidad
Para Máximo Gallo, cualquier ley MAPE que no aborde primero el problema de las concesiones tendrá dificultades para alcanzar sus objetivos.
“El 92 % de mineros no es dueño de la concesión”, señaló. El especialista sostuvo que una parte importante de estas concesiones estaría en manos de titulares que, según su diagnóstico, las mantienen sin desarrollar actividad productiva.
En ese contexto, cuestionó que el país haya acumulado normas y propuestas de reforma sin asegurar los recursos y capacidades necesarios para su implementación.
Gallo también cuestionó que el Congreso no haya priorizado la discusión de la nueva normativa, pese a que el tema lleva varios años en agenda.
Oro certificado por el mercado suizo
Desde la experiencia de una empresa formalizada, Lizbeth Huamán planteó que la nueva legislación debe diferenciar claramente entre quienes buscan incorporarse al sistema formal y quienes operan al margen de la ley. A su juicio, la titularidad de las concesiones, la seguridad jurídica y las reglas claras deben constituir la base de cualquier reforma.
Huamán también advirtió sobre el impacto de la comercialización informal de insumos, entre ellos los explosivos, en el avance de la minería ilegal, y planteó reforzar la fiscalización sin generar perjuicios para los operadores que cumplen con la normativa.
Como ejemplo de una ruta de formalización con acceso a mercados internacionales, mencionó el caso de Sotrami, empresa que cuenta con certificación Fairtrade y coloca su producción en el mercado suizo, lo que demuestra que la certificación de «oro limpio» puede abrir mercados nacionales e internacionales y ayudar a combatir la minería ilegal.
Dimensión política
Aarón Quiñón fue enfático en advertir que no existe una solución única para el sector. «No hay una bala de plata que solucione este problema», afirmó, y planteó que la discusión de la ley MAPE debe abordarse primero como un problema político antes que técnico, dado el número de personas involucradas y el dinero que mueve la actividad.
Quiñón identificó tres frentes que, dijo, no requieren esperar la aprobación de la ley: aumentar el presupuesto destinado a la formalización, agilizar trámites administrativos (como los mecanismos de transferencia de recursos a los gobiernos regionales) y fortalecer la capacidad operativa de entidades como la Autoridad Nacional del Agua (ANA), hoy con personal insuficiente para atender la demanda de expedientes.
Más de 23 000 expedientes pendientes
Paul Vega Regalado, quien lleva tres semanas al frente de la Dirección General de Formalización Minera del Minem, presentó cifras del estado actual del proceso: de las 83 931 solicitudes de registro (RNC) con las que arrancó la formalización minera, hoy solo 31 571 mineros siguen en carrera, de los cuales 22 158 están en condición vigente y 9413 suspendidos.
El funcionario reconoció que existen más de 23 000 documentos pendientes entre expedientes, modificaciones y solicitudes varias, y señaló como cuellos de botella la transferencia documentaria de las regiones al Minem —de la que ya se han transferido 14 de 26 regiones— y la falta de una ley MAPE vigente. Según los datos que compartió, la pequeña minería y minería artesanal involucran a más de 250 000 personas, generan cerca de 27 000 empleos directos y 216 000 indirectos, y su tributación por impuesto a la renta pasó de S/ 1150 millones (enero-octubre 2024) a S/ 1792 millones (enero-octubre 2025).
Los panelistas coincidieron en que, más allá de la ley, el reto de fondo es de gestión pública y continuidad institucional, en un contexto marcado por la alta rotación de autoridades del sector en los últimos años.
Fuente: rumbominero.com
Fecha: 14 septiembre, 2026