El incremento descontrolado de la minería ilegal en Perú no tiene su origen en el sector privado, sino en la falta de autoridad por parte del Estado. Así lo planteó Fernando Castillo Torres, consultor especializado en minería, energía y gestión social, quien enfatizó que las empresas formales respetan la normativa legal pero se ven afectadas por la inacción gubernamental.
Castillo Torres criticó las opiniones que buscan responsabilizar a las empresas privadas de este problema. Señaló, por ejemplo, el caso de Mirtha Vásquez, quien habría culpado al sector empresarial aun cuando en el pasado se opuso a la minería formal, aquella que genera tributos, protege a las comunidades y destina fondos para planes de cierre responsables.
Según el especialista, hay una evidente contradicción en estas posturas. Desde su perspectiva, existe una protección política implícita hacia los sectores ilegales, especialmente promovida por algunos grupos de izquierda que buscan asegurar votos respaldando estas actividades ilícitas.
Explicó que, aunque las empresas tienen concesiones sobre ciertas zonas, no cuentan con un control territorial efectivo. A pesar de las constantes denuncias de ingreso de ilegales a las áreas concesionadas, el Estado no actúa para retirarlos.
El consultor también recalcó la enorme brecha entre la minería formal y la ilegal en términos de sostenibilidad. Mientras que las empresas formales destinan importantes recursos para la recuperación ambiental posterior a sus operaciones, la minería informal abandona los territorios sin asumir ningún tipo de responsabilidad social ni medioambiental.
Puso como ejemplos los planes de cierre de empresas como Yanacocha, que ha asignado 5,000 millones de dólares en Cajamarca, Gold Fields con 300 millones de dólares en Cerro Corona, además del trabajo ejemplar de compañías como Barrick y Newmont. Destacó que estas acciones son inexistentes en la minería ilegal.
A través de su experiencia en más de 200 procesos de diálogo, Castillo Torres manifestó otro hallazgo preocupante: muchos líderes sociales que antes se oponían a proyectos mineros formales ahora encabezan actividades mineras ilegales.
Según explicó, estos actores que obstaculizaron el desarrollo de proyectos en el pasado han terminado liderando operaciones informales bajo justificaciones legales dudosas y sin cumplir con los estándares establecidos.
Apuntó que muchas de estas zonas actualmente invadidas podrían haber representado oportunidades significativas para el desarrollo del país si no hubieran sido bloqueadas inicialmente.
Finalmente, Castillo Torres hizo un llamado contundente al Ministerio Público y a la Policía Nacional para que asuman un rol activo y combatan efectivamente este problema. Advirtió que la actual pasividad estatal no solo incrementa el daño ecológico, sino que también afecta gravemente la economía nacional.
Fuente: El Cajamarquino (FB)
Fecha: 28 enero, 2026