La Fiscalía Supranacional indaga a Roger Guevara, su vicegobernadora y funcionarios de confianza por presunto lavado de dinero vinculado al crimen organizado y minería ilegal. Mientras tanto, intentaron que el Estado les pague S/ 100 mil a cada uno para su defensa legal.
La careta del discurso moral cayó. El gobernador regional de Cajamarca, Roger Guevara Rodríguez, quien juró entrar al poder para “servir al pueblo”, ahora enfrenta una grave investigación por presunto lavado de activos junto a su vicegobernadora, Magda Farro, y un grupo de funcionarios de confianza. Pero lo más escandaloso es que pretendieron que sea el propio pueblo quien financie su defensa con dinero del erario.
La Primera Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos ha dispuesto abrir investigación preliminar contra estas autoridades en el marco de la Carpeta Fiscal N.º 5066015703-2025. La fiscal Manuela Rosa Villar Ramírez los acusa de la presunta comisión del delito de lavado de activos en agravio del Estado, en el marco del Decreto Legislativo N.º 1106, que regula la lucha contra este delito y sus vínculos con el crimen organizado, la corrupción y la minería ilegal.
La norma establece con claridad que el delito de lavado de activos es autónomo, es decir, no requiere la existencia previa de un “delito fuente” probado, como corrupción o tráfico de influencias. Basta con que existan indicios de actos de conversión, transferencia, ocultamiento o tenencia de bienes de origen presuntamente ilícito, algo que, según el Ministerio Público, los funcionarios habrían hecho al margen de sus funciones públicas, usando estructuras del Gobierno Regional de Cajamarca (GRC).
En esta misma línea están involucrados el gerente general Jesús Julca Díaz; la exdirectora de Defensa Civil, la directora de Abastecimiento, Lisset Silva Leiva; el especialista en contrataciones, Juan Antonio Llanos Ispilco; y otros personajes claves de la gestión actual.
Pese a la gravedad de los cargos, los investigados no dudaron en tramitar, de forma interna, un pedido formal para que el GRC les pague S/ 100 mil por cabeza para cubrir gastos de defensa legal. La solicitud fue categóricamente rechazada por la Gerencia General del mismo Gobierno Regional, que señaló que los delitos investigados no guardan relación alguna con el ejercicio de sus funciones como servidores públicos.
La resolución firmada por la gerenta general Rocío Elizabeth Portal Vásquez enfatiza que los hechos son de carácter particular, presuntamente delictivos, y no se pueden financiar con fondos estatales. Además, dispone que esta decisión se notifique a los solicitantes y se publique en el Portal de Transparencia del Gobierno Regional, cumpliendo con los principios de publicidad y rendición de cuentas en la administración pública.
El caso pone en evidencia no solo un presunto intento de lavar dinero utilizando el aparato público, sino también el descaro de pedir que sea el Estado quien los defienda ante la justicia. Mientras la ciudadanía exige obras, servicios y transparencia, las autoridades regionales están bajo la lupa por su presunta vinculación con estructuras criminales y el uso ilícito de recursos públicos.
La investigación fiscal se encuentra en etapa preliminar, pero los indicios son contundentes. A medida que avancen las diligencias, no se descarta que más nombres, y más redes, salgan a la luz. El discurso de “gobernar para el pueblo” parece desvanecerse en medio de maniobras oscuras, contratos cuestionados y un blindaje que empieza a resquebrajarse.
Fuente: Otra Prensa (FB)
Fecha: 11 julio, 2025
