El enfoque forma parte de la recientemente aprobada Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal al 2030, informó el general Rodolfo García Esquerre, Alto Comisionado para el Combate a la Minería Ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
“Las intervenciones por sí solas no son la solución. El Estado está actuando con firmeza, pero también con inteligencia”, afirmó García, quien además subrayó que el nuevo plan no solo se enfoca en la destrucción de dragas o bocaminas, sino en desarticular toda la cadena logística y financiera que alimenta esta actividad ilícita: insumos, maquinaria, transporte y personas.
El alto comisionado destacó que el nuevo enfoque promueve además economías alternativas y recuperación ambiental, con el respaldo de varios sectores del Estado. Un ejemplo de este modelo ya se viene ejecutando en la provincia de Pataz, en La Libertad, donde interviene un Comando Unificado compuesto por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y entidades civiles. La experiencia se extendería a regiones críticas como Madre de Dios y Amazonas.
Hasta el 15 de junio, el Gobierno ha realizado 466 operativos de interdicción en 2025, lo que equivale a más de 80 acciones por mes. En estas operaciones se decomisaron y destruyeron bienes y equipos valorizados en más de 1,200 millones de soles, según cifras oficiales.
Entre los resultados destacan:
- Destrucción de más de 1,500 balsas utilizadas en minería aluvial.
- Intervención de 41 plantas de beneficio.
- Decomiso de más de 1,200 motores y explosivos empleados en minería ilegal.
García explicó que los principales focos de intervención están en la Amazonía, donde predomina la minería aluvial, y en la zona andina, con minería de socavón.
En 2024 se ejecutaron 745 operativos y este año se busca mantener o superar ese ritmo, con una respuesta articulada entre la Policía Nacional, las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental, las Fuerzas Armadas (en zonas declaradas en emergencia), SUNAT, OSINERGMIN, OEFA, el Ministerio de Energía y Minas y SUCAMEC.
Con este nuevo enfoque, el Estado espera reducir significativamente la minería ilegal al 2030, restaurar los ecosistemas afectados y promover una minería responsable que contribuya al desarrollo sostenible del país.