El gobierno de Dina Boluarte entregó a la empresa Minas Buenaventura el proyecto minero «El Algarrobo» en Tambogrande que usó las mismas concesiones que en 2002 generaron un conflicto social cuando la firma canadiense Manhattan intentó explotar la zona.
En 2002, 25 mil pobladores de Tambogrande se opusieron al ingreso de la minería a su territorio, ya que priorizaron la agricultura como motor de su economía para sus familias.
Ahora, el Ejecutivo pretende que los pobladores acepten la extracción de cobre a cambio de la instalación de agua potable. El rechazo es inmediato.
«Solo cuando empezaron a hacer exploraciones, los árboles se secaron, dejaron de producir el algarrobo», contó Eusebio Rivas Alama, agricultor de la Comunidad Campesina Apóstol Juan Bautista de Locuto, sobre los efectos previos de Manhattan.
Rivas es uno de los 19,000 agricultores que viven en Tambogrande, un distrito que alberga 143 concesiones mineras y es altamente productivo en agricultura.
El proyecto «El Algarrobo» forma parte de una estrategia que presenta la minería como aliada de la agricultura y utiliza la promesa de infraestructura básica para convencer a las comunidades.