Jueves 3 de julio se verá vacancia del alcalde de San Miguel

Una grave denuncia por presunto uso indebido del poder municipal para beneficiar a familiares directos tiene contra las cuerdas al alcalde provincial de San Miguel, Cajamarca. Este jueves 3 de julio, a las 3:00 p.m., el Concejo Provincial debatirá en sesión extraordinaria una solicitud de vacancia que podría marcar el fin anticipado de su gestión.

La acusación, presentada por el ciudadano César Hernán Correa Malca, detalla con documentos que el alcalde habría facilitado contratos públicos a empresas manejadas por miembros de su propia familia, violando flagrantemente la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N.º 27972) y el principio de imparcialidad en la función pública.

En el primer caso, se señala que el alcalde transfirió sus acciones en una empresa de servicios a un familiar de primer grado, quien en cuestión de meses firmó un contrato por S/14,000 con la municipalidad distrital de Calquis. Dicha operación se habría realizado mediante una simple orden de servicio, sin que se detalle de manera clara qué maquinaria se movilizó ni a dónde, generando sospechas de una contratación simulada para encubrir un favorecimiento directo.

La segunda causal involucra a la madre del alcalde, titular de una estación de servicios que habría suscrito contratos con la misma municipalidad por un monto superior a los S/107,000 en el año 2023, ofreciendo alquiler de maquinaria pesada y venta de combustible. El denunciante adjunta facturas autenticadas y reportes económicos oficiales como sustento de estos vínculos contractuales.

Pero el caso no termina ahí. Se denuncia además que esta práctica se habría replicado en al menos seis distritos más de la provincia, sumando un total de S/646,571.44 en contratos adjudicados a empresas vinculadas al entorno familiar. Todo esto pese a que la ley prohíbe expresamente que los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad de una autoridad provincial puedan contratar con municipalidades distritales de su jurisdicción.

El peticionante exige que la sesión sea presidida por la primera regidora, dado que el alcalde se encuentra en condición de acusado y no puede conducir un proceso en el que es parte interesada. La población, harta del uso patrimonialista de la gestión pública, se prepara para asistir a la sesión en busca de respuestas y justicia.

Este jueves, los regidores de San Miguel deberán decidir si están del lado de la legalidad y la ética pública, o si optan por proteger a una gestión que habría convertido la municipalidad en un negocio familiar encubierto. El futuro político del alcalde, y la confianza de toda una provincia en sus instituciones, penden de un hilo.

Fuente: RcaNoticias San Miguel - Cajamarca (FB)

Fecha: 2 julio, 2025

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