La interrogante central es: ¿de dónde provino el dinero para convertirse en socios?
Diversas voces sostienen que empresas mineras cuestionadas por presuntos impactos ambientales y sociales mantienen vínculos con la lideresa política Keiko Fujimori. Por ello, algunos ciudadanos se preguntan por qué no se aclara públicamente su relación —directa o indirecta— con dichas compañías.
La mina Yanacocha, considerada una de las explotaciones auríferas más grandes de Sudamérica, está ubicada en la región Cajamarca, aproximadamente a 800 kilómetros al noreste de Lima. Su zona de operaciones se encuentra a 45 kilómetros al norte de la ciudad de Cajamarca, entre los 3500 y 4100 metros sobre el nivel del mar, y abarca cuatro cuencas hidrográficas: Quebrada Honda, río Chonta, río Porcón y río Rejo.
Los primeros estudios de factibilidad para iniciar trabajos en una planta piloto de lixiviación en pilas se realizaron en 1990. La empresa produjo su primera barra de doré el 7 de agosto de 1993, tras iniciar operaciones en la zona de Carachugo. Fue constituida legalmente en 1992 y está conformada por los siguientes accionistas: Newmont Mining Corporation (51.35%), con sede en Denver; Compañía de Minas Buenaventura (43.65%), empresa peruana; e International Finance Corporation (5%).
Ante este contexto, distintos sectores consideran necesario esclarecer si Keiko Fujimori posee o no participación accionaria en empresas mineras. También se ha mencionado públicamente a su hermano Kenji Fujimori en relación con operaciones empresariales que han generado cuestionamientos. Cabe señalar que Yanacocha inició operaciones después del autogolpe de 1992 durante el gobierno de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.
A través de correos electrónicos y pronunciamientos ciudadanos, se ha solicitado investigar la presunta vinculación de la excandidata presidencial con compañías mineras como Volcán, Antamina y Yanacocha, empresas que, según dichos señalamientos, habrían sido favorecidas durante el gobierno de su padre. Estas afirmaciones han sido difundidas en artículos de opinión, comentarios ciudadanos y publicaciones periodísticas, por lo que diversos analistas consideran que corresponde a las autoridades competentes verificar su veracidad.
Un informe periodístico publicado el 18 de febrero de 2011 señaló que el entonces candidato Kenji Fujimori vendió el 7.5% de acciones de la empresa Logística Integral Marítima Andina S.A. a un socio político por un monto de 186 mil soles, precio que equivalía a más de ocho veces el valor nominal de cada acción. El reportaje resaltó que la empresa se constituyó en 2009 y que las ampliaciones de capital coincidieron con el periodo previo a la conformación de listas electorales. Asimismo, se cuestionó la capacidad de inversión declarada, ya que en su hoja de vida no figuraban ahorros registrados, pese a inversiones superiores a 300 mil soles.
Otros comentarios públicos, difundidos en medios y espacios de opinión, también han solicitado que se investigue el origen de recursos utilizados para adquisiciones patrimoniales atribuidas a miembros de la familia Fujimori. Estas afirmaciones corresponden a opiniones de terceros y requieren verificación oficial.
En otra denuncia periodística se informó que vendedores de diarios en Cajamarca afirmaron que personas presuntamente vinculadas a intereses mineros compraron numerosos ejemplares de un periódico que contenía información crítica sobre la candidata. Testimonios indicaron que se pagaron precios superiores al valor de portada para adquirir todos los ejemplares disponibles, lo que generó sospechas entre los comerciantes.
Finalmente, analistas políticos han cuestionado propuestas electorales relacionadas con la aplicación de impuestos a sobreganancias mineras. Señalan que, sin modificaciones constitucionales o legales que alteren los contratos de estabilidad tributaria vigentes, resultaría jurídicamente complejo aplicar dichas medidas. Según esta interpretación, cualquier propuesta en ese sentido requeriría reformas normativas previas para ser viable.
Fuente: Koko Salcedo (FB)
Fecha: 25 febrero, 2026