La maquinaria del poder se ha activado, y su blanco es claro: Silvia Marile Hernández Mejía, primera regidora de la Municipalidad Provincial de San Miguel. La razón: se atrevió a fiscalizar. Y en una gestión donde la fiscalización parece ser pecado capital, eso basta para convertirla en enemiga pública del alcalde y su entorno.
El pedido de vacancia contra Hernández, promovido por el ciudadano (y convenientemente cercano al oficialismo) Juan Carlos Villoslada Silva, se sustenta en una supuesta “injustificada inasistencia” a tres sesiones consecutivas del concejo. Pero cualquiera que rasque un poco debajo de la superficie encontrará un tufo político espeso: este no es un proceso legal, es una jugada burda para sacarla del camino.
Una regidora incómoda
Silvia Hernández no es una regidora decorativa. Desde que asumió el cargo, ha demostrado valentía para cuestionar, denunciar y fiscalizar. Y eso no gusta al alcalde, quien estaría aspirando a un puesto más alto: el Gobierno Regional de Cajamarca. Pero para postular, necesita pedir licencia. Y eso abre un dilema: ¿quién se queda a cargo?
Según la ley, la primera regidora —es decir, Silvia— debería asumir la alcaldía temporal. Pero eso no conviene. El círculo de poder que rodea al alcalde ya tiene a su elegido: Carlos Sánchez, siguiente en la línea de sucesión y leal operador del oficialismo. Con él en la alcaldía, la logística y los fondos para la campaña del alcalde estarían asegurados. Silvia, en cambio, representaría una amenaza: una fiscalizadora incómoda, independiente y con respaldo ciudadano.
Vacancia exprés, documentos turbios y una denuncia alarmante
La solicitud de vacancia se presentó con una celeridad sospechosa, justo después de que Silvia denunciara irregularidades administrativas. El argumento: no asistió a tres sesiones ordinarias. Pero hay un detalle escandaloso: las actas originales de esas sesiones fueron sustraídas del archivo municipal. El hecho fue denunciado ante la policía y confirmado por la propia oficina de Acceso a la Información Pública.
¿A quién beneficia esa “pérdida”? ¿Por qué desaparecen justo las actas que podrían demostrar que la regidora sí tuvo justificación para su inasistencia? En lugar de iniciar una investigación interna seria, el municipio —en manos del oficialismo— decidió apurar la vacancia. A falta de actas, el solicitante presentó copias “fedateadas”. Es decir, documentos que nadie puede comprobar con certeza.
Todo indica que no se busca justicia ni transparencia. Se busca sacar del camino a quien podría poner en riesgo la continuidad de una organización que actúa como una estructura delictiva disfrazada de administración municipal.
Una versión que desenmascara la farsa
En conversación exclusiva con este medio, la regidora Silvia Hernández rompe el silencio: “A la única sesión que no pude asistir fue la del 20 de junio, y fue por salud. Aún así, ese mismo día informé vía WhatsApp al secretario municipal, quien me respondió que no había problema. Tengo esa conversación como prueba”.
Pero la historia se vuelve más turbia: “La sesión del 21 nunca me fue notificada, ni formalmente ni por ningún medio. No sé si mis colegas fueron citados, pero a mí no. Y lo que más me indigna es que la sesión del 25 de junio fue convocada como extraordinaria para que participe el jefe del OCI, y ahora la están haciendo pasar como ordinaria para que cuadren las tres faltas”.
Y hay más: “Lo más grave es que me han depositado mi dieta de junio usando el nombre y DNI de otra persona. ¿Qué significa eso? Que en la planilla yo figuro como inasistente, y no me iba a dar cuenta si el depósito aparece en cuenta como si nada. Es una jugada vil, cobarde, con odio. Todo para sembrarme esta vacancia desde el año pasado y recién notificarme formalmente el 9 de mayo de este año”.
La regidora se muestra afectada, pero firme: “Mi salud emocional está quebrada, mi familia también está sufriendo. Pero no me voy a dejar. Esto es una patraña construida con odio porque fiscalizo, porque cumplo con la función que el pueblo me encargó”.
Una mujer que no se deja doblar
Lejos de amilanarse, Silvia Hernández ha resistido. Sabe que tiene la razón y no está sola. Cada vez más ciudadanos informados ven con claridad lo que está ocurriendo: un golpe político a la fiscalización. Quieren acallarla porque representa un peligro para un sistema que necesita impunidad para sostenerse.
No es la primera vez que se intenta usar la Ley Orgánica de Municipalidades como garrote político. Pero cada vez que se tolera este tipo de maniobras, se erosiona más la ya frágil democracia local. Si logran sacar a Silvia, el mensaje es claro: en San Miguel, quien fiscaliza será perseguido.
¿Y ahora qué?
El Concejo Municipal deberá decidir si aprueba la vacancia. Pero la ciudadanía tiene una oportunidad histórica: mirar con lupa lo que está pasando, exigir transparencia, y defender a quienes hacen lo que todos deberían hacer en política: servir al pueblo, no servirse de él.
Este no es solo un caso de vacancia. Es una advertencia. Si logran callar a Silvia, vendrán por otros. Hoy le toca a ella, mañana puede ser cualquier regidor honesto, cualquier periodista incómodo, cualquier ciudadano que no se deje pisotear.
La pregunta es: ¿lo vamos a permitir?
El Concejo Municipal de San Miguel enfrenta una encrucijada: avalar una vacancia sembrada con artimañas que atentan contra la transparencia y el principio de fiscalización, o alzarse en defensa de la democracia local. La ciudadanía no puede permanecer impasible mientras se pervierten las normas para silenciar voces incómodas. Es hora de exigir claridad, sancionar a los responsables y proteger a quienes cumplen con su deber de servir al pueblo.
Intentamos comunicarnos con el alcalde José Carlos Quiroz Calderón a través de WhatsApp y llamadas telefónicas, pero, como siempre, nos dejó en visto y no respondió nuestras llamadas. Quizá porque no hay argumentos cuando la verdad incomoda. En San Miguel, la democracia está siendo usada como disfraz. Y eso debería alarmarnos a todos.
FUENTE: San Miguel Cajamarca (FB)