Más de cien campesinos, ronderos y defensores del territorio afrontan procesos penales relacionados con conflictos derivados de actividades mineras en San Ignacio, según informó el abogado Josué Barboza Núñez, de la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Jaén.
El letrado sostuvo que la judicialización de dirigentes y pobladores genera preocupación entre los investigados, sus familias y organizaciones, debido al riesgo que algunos procesos representan para su libertad.
Campesinos y ronderos
Barboza Núñez detalló que el Vicariato acompaña diferentes casos. “Tenemos en un caso del 2024, 25 personas. En otro caso de este año, tenemos 29 personas, también de Huaquillas. Otro caso, tenemos de ronderos cerca de 50 personas, en siete casos que interviene la ronda campesina”, señaló.
Añadió que, en conjunto, “tenemos más de 100 personas procesadas por los mineros y por personas que están defendiendo su territorio, defendiendo el medio ambiente, no permitiendo que el agua se contamine”.
Según el abogado, esta situación ocurre mientras la actividad minera continúa avanzando sobre zonas agrícolas, quebradas y fuentes de agua. Sostuvo que entre julio de 2024 y julio de 2026 el área vinculada al avance minero en San Ignacio habría pasado de 18 mil a 104 mil hectáreas y que, en apenas un mes, las concesiones aumentaron de 260 a 269.
“La fiebre por el oro en nuestras provincias va demasiado en crecimiento y en afectación a la agricultura”, advirtió.
La preocupación se concentra especialmente en Huaquillas, donde, según Barboza, 24 comunidades se oponen al desarrollo de actividades mineras y alrededor del 80 % de la población rechazaría su presencia. Asimismo, aseguró haber participado en una inspección con Fiscalía, Policía y pobladores, en la que fueron constatados dos socavones debajo de cafetales.
Audiencia y protesta
Uno de los casos que concentra mayor atención es el seguido contra Mauro Melanio Lalangui León y Wilder Lalangui León, quienes cumplen comparecencia con restricciones. La Fiscalía ha solicitado revocar dicha medida e imponerles prisión preventiva.
La audiencia está prevista para el lunes 14 de septiembre, a las 10:00 de la mañana.
Según explicó Barboza, la Fiscalía sostiene que ambos habrían incumplido la regla que les prohíbe acercarse a los agraviados. El abogado cuestionó el pedido. “No presenta pruebas […] yo pienso que desde la Fiscalía es un amedrentamiento a la lucha social que tienen los campesinos por defender su territorio y medio ambiente”, afirmó.
También advirtió sobre el impacto que estos procesos generan en las organizaciones rurales. “La implicancia de un proceso penal ya es implicar la libertad. Y cada día nos preocupamos porque acá los campesinos, ronderos, terminen encarcelados”.
Denuncia ambiental
Josué Barboza señaló además que una denuncia por presunta minería ilegal presentada por Mauro Lalangui contra empresas que operan en Huaquillas continúa en investigación y estaría pendiente de un informe de la Dirección Regional de Energía y Minas.
“El fiscal quiere avanzar, pero aquí hay una responsabilidad de la DREM […] tiene que enviar su informe”, sostuvo.
Finalmente, pidió al juez Héctor Hinostroza declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva. “No hay razones […] no hay peligro de fuga”, manifestó.
Ese mismo 14 de septiembre, organizaciones sociales y campesinas tienen prevista una movilización vinculada a la defensa del territorio, el agua y el medio ambiente.
Fuente: Diario Ahora Jaén (FB)
Fecha: 14 septiembre, 2026