El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) culminará el 31 de diciembre de 2026, según la propuesta del Ejecutivo, que plantea reemplazarlo por un nuevo régimen de consolidación minera con un plazo máximo de 18 meses para que los mineros inscritos puedan concluir sus procedimientos de formalización.
Así lo informó la viceministra de Minas, Mayra Figueroa, quien confirmó que el Gobierno modificó su proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), reduciendo de dos años a 18 meses el período previsto inicialmente para la transición hacia la formalidad.
En una entrevista con El Comercio, la funcionaria aseguró que el nuevo mecanismo no representa una ampliación del Reinfo y sostuvo que la propuesta legislativa no contempla la posibilidad de extender nuevamente los plazos.
“Estamos estableciendo un plazo de 18 meses y no abrimos la puerta a una nueva ampliación”, enfatizó.
La iniciativa del Ministerio de Energía y Minas (Minem) busca establecer un nuevo modelo de formalización minera, con procedimientos administrativos simplificados, mayores mecanismos de fiscalización y una entidad especializada que asumirá las competencias actualmente distribuidas entre los gobiernos regionales.
El planteamiento también contempla la implementación de herramientas de trazabilidad de minerales, la apertura de cuentas bancarias para mineros en proceso de formalización y una mayor participación de organismos nacionales en la supervisión de las actividades de pequeña minería y minería artesanal.
Reinfo culminará el 31 de diciembre y será reemplazado por nuevo régimen
Uno de los principales cambios del proyecto de Ley MAPE es la creación de un régimen de consolidación minera, que recibirá a los mineros que actualmente forman parte del Reinfo y que no hayan conseguido completar su formalización antes del cierre previsto para diciembre.
Según explicó Mayra Figueroa, el Ejecutivo reconoce que existen mineros que han avanzado en el cumplimiento de los requisitos exigidos, pero que no lograrán concluir sus procedimientos dentro del plazo vigente.
Frente a esta situación, el Gobierno propone establecer un mecanismo temporal que permita continuar con los trámites pendientes bajo nuevas condiciones institucionales.
La viceministra precisó que el proyecto contempla dos regímenes diferenciados para la pequeña minería y minería artesanal.
El primero será un régimen ordinario y permanente, al que podrán acceder las personas naturales o jurídicas interesadas en desarrollar actividades mineras, siempre que cumplan los requisitos y obtengan las autorizaciones correspondientes.
El segundo será un régimen de consolidación, cerrado y temporal, destinado a los mineros que actualmente se encuentran inscritos en el Reinfo.
Figueroa rechazó que esta segunda modalidad constituya una continuación del registro bajo otra denominación.
Según explicó, el nuevo sistema contará con una estructura institucional distinta y mecanismos de fiscalización que permitirán evaluar los avances de cada expediente.
La funcionaria sostuvo que la diferencia principal radica en la creación del Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (FORMAPE), que concentrará las decisiones relacionadas con los permisos y el control de las actividades mineras de pequeña escala.
Mineros del Reinfo tendrán 18 meses y no dos años para formalizarse
La viceministra confirmó que el Ejecutivo redujo el plazo inicialmente previsto para el régimen de consolidación minera.
Mientras la primera propuesta contemplaba un período de 24 meses, la nueva versión establece 18 meses para que los mineros puedan culminar los procedimientos pendientes.
Figueroa explicó que la modificación busca acelerar la formalización mediante la simplificación de trámites y la centralización de competencias en una sola entidad.
Además, aclaró que los mineros que pasen del Reinfo al régimen de consolidación no tendrán que iniciar nuevamente sus procedimientos.
El Minem aprovechará la información y los avances registrados en los expedientes existentes, con el propósito de evitar duplicidades y reducir los tiempos administrativos.
Esta revisión también permitirá identificar a los mineros que cumplan las condiciones para continuar con su formalización y determinar las exclusiones que correspondan.
La funcionaria expresó su confianza en que la reorganización institucional permitirá avanzar dentro del plazo establecido.
Asimismo, reiteró que la propuesta no contempla nuevas ampliaciones una vez que concluya el período de 18 meses.
No obstante, el plazo y las condiciones del nuevo régimen deberán quedar definidos en la legislación que finalmente se apruebe.
FORMAPE reemplazará a gobiernos regionales en funciones mineras
El proyecto de Ley MAPE también propone crear el Organismo Nacional para el Fortalecimiento de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (FORMAPE), que estará adscrito al Ministerio de Energía y Minas.
Según Figueroa, esta entidad asumirá las funciones que actualmente corresponden a las direcciones regionales encargadas de la supervisión de la pequeña minería y minería artesanal.
Entre sus principales competencias se encontrará el otorgamiento de permisos para el inicio y reinicio de actividades mineras, así como la emisión de certificaciones para los pequeños productores mineros y mineros artesanales.
El organismo también contará con facultades de supervisión, fiscalización y sanción, con el propósito de fortalecer el control estatal sobre las operaciones.
La viceministra explicó que la centralización de estas competencias permitirá agilizar los procedimientos y reducir la dispersión administrativa que actualmente enfrenta el proceso de formalización.
De acuerdo con la propuesta, se establecerá un plazo de 120 días para la creación del FORMAPE.
Mientras se implementa el nuevo organismo, el Ministerio de Energía y Minas asumirá temporalmente las funciones correspondientes.
El proyecto también contempla una ventanilla única y una casilla electrónica, mecanismos destinados a simplificar la presentación de documentos, facilitar las comunicaciones y acelerar los procedimientos administrativos.
OEFA, Osinergmin y Sunafil fiscalizarán pequeña minería durante cinco años
Otro de los cambios relevantes del proyecto es la incorporación de organismos nacionales en la supervisión de la pequeña minería y minería artesanal.
La viceministra explicó que el Ejecutivo propone que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Osinergmin y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) asuman funciones de fiscalización y supervisión en este segmento durante un período de cinco años.
Figueroa señaló que actualmente estas entidades no ejercen dichas competencias sobre la minería de pequeña escala, por lo que el proyecto busca fortalecer los mecanismos de control.
La iniciativa también comprende la supervisión de las plantas de beneficio dedicadas al procesamiento de minerales, particularmente aquellas relacionadas con la producción de oro.
En el caso de las plantas que procesan menos de 25 toneladas diarias, la funcionaria aclaró que la fiscalización corresponderá al FORMAPE, de acuerdo con las competencias previstas para la nueva entidad.
Respecto al presupuesto necesario para implementar estas funciones, Figueroa sostuvo que las instituciones cuentan inicialmente con recursos para desarrollar actividades de supervisión.
Sin embargo, reconoció que cada organismo deberá evaluar si necesita mayores asignaciones presupuestales para cumplir las nuevas responsabilidades.
Banco de la Nación podrá abrir cuentas a mineros provenientes del Reinfo
La propuesta legislativa también contempla habilitar al Banco de la Nación para abrir cuentas de ahorro y cuentas corrientes a personas naturales o jurídicas que se encuentren en proceso de formalización minera.
La viceministra explicó que esta disposición responde a las dificultades que enfrentan los mineros inscritos en el Reinfo para acceder y mantener cuentas en el sistema financiero.
Según señaló, las entidades bancarias suelen restringir estos servicios debido a las preocupaciones relacionadas con el posible origen ilícito de los recursos.
Frente a ello, el Ejecutivo busca establecer un mecanismo que permita mejorar el seguimiento de las operaciones financieras y conocer el origen de los fondos.
Figueroa aclaró que la medida se limita a la apertura de cuentas bancarias y no contempla el otorgamiento de créditos.
La propuesta ha generado cuestionamientos sobre los riesgos de que el Banco de la Nación pueda ser utilizado para movilizar recursos provenientes de actividades mineras ilegales.
Ante estas observaciones, la viceministra reconoció que existen riesgos asociados con el sistema financiero, pero sostuvo que el fortalecimiento de la fiscalización y la trazabilidad permitirá mitigarlos.
Explicó que el banco podrá acceder a información sobre la situación de los mineros y sus actividades, con el objetivo de contar con mayores elementos para identificar la procedencia de los recursos.
Nuevo sistema buscará rastrear el oro desde su extracción hasta la venta
Como parte de los mecanismos de control previstos en la Ley MAPE, el Ejecutivo propone implementar un sistema de trazabilidad del recurso mineral desde su extracción hasta su comercialización.
Según Figueroa, esta herramienta permitirá realizar un seguimiento de las actividades mineras y estará interconectada con el Banco de la Nación y otras entidades involucradas.
El objetivo es contar con información que permita identificar el origen de los minerales comercializados y relacionarlo con las operaciones económicas de los productores.
La viceministra explicó que el sistema también facilitará el acceso a información sobre la situación de los mineros, sus procedimientos de formalización y sus movimientos financieros.
De esta manera, el Gobierno busca fortalecer la capacidad de identificar operaciones que no cumplan las condiciones legales.
Figueroa reconoció que los riesgos de movilización de recursos ilícitos no pueden eliminarse por completo, pero sostuvo que una mayor supervisión permitirá prevenir, detectar y sancionar posibles irregularidades.
La funcionaria consideró que el fortalecimiento de las competencias de fiscalización y sanción constituye un componente fundamental para el funcionamiento del nuevo régimen.
Ejecutivo asegura que el nuevo régimen no será otra ampliación del Reinfo
Frente a las críticas sobre la posibilidad de que el régimen de consolidación termine reproduciendo las sucesivas ampliaciones del Reinfo, Mayra Figueroa defendió la propuesta del Ejecutivo.
La viceministra sostuvo que el nuevo procedimiento tendrá una duración definida y estará respaldado por una estructura institucional distinta.
Además, explicó que la centralización de competencias permitirá agilizar las decisiones administrativas y evitar que los expedientes permanezcan pendientes durante períodos prolongados.
La funcionaria también señaló que los mineros que hayan avanzado en sus trámites podrán continuar desde el punto alcanzado, mientras que aquellos que no cumplan las condiciones deberán ser evaluados para su eventual exclusión.
Para el Minem, la combinación de procedimientos simplificados, una ventanilla única, herramientas digitales y mayores mecanismos de supervisión permitirá avanzar hacia la formalización de la pequeña minería.
Figueroa insistió en que el plazo de 18 meses será suficiente para encaminar los procedimientos pendientes, siempre que se implementen los cambios administrativos propuestos.
De esta manera, el Ejecutivo plantea poner fin al Reinfo el 31 de diciembre de 2026 y sustituirlo por un régimen temporal de consolidación minera, con un plazo de 18 meses y sin nuevas ampliaciones previstas en el proyecto.
Sin embargo, la implementación del nuevo sistema, la creación del FORMAPE y las modificaciones en las competencias de fiscalización dependerán de la aprobación de la Ley MAPE.
Fuente: rumbominero.com
Fecha: 19 octubre, 2026