La minería ilegal en el Perú requiere una respuesta integral y sostenida desde el Estado, afirmó Gloria Granda, analista política, durante una entrevista exclusiva con Rumbo Minero Central. A su juicio, esta problemática ha superado el ámbito de la informalidad y debe ser abordada por sus vínculos con otras actividades ilícitas.
Granda sostuvo que el combate contra esta actividad no debería limitarse a las zonas donde se extrae mineral, sino extenderse hacia el transporte, procesamiento, comercialización, exportación, financiamiento y adquisición de maquinaria utilizada dentro de su cadena económica.
«La minería debe responder a una política de Estado, no una política de gobierno, tiene que convertirse en una política de Estado para que los ciudadanos entiendan, especialmente en las comunidades donde operan la minería, que la minería formal es el motor para salir de la pobreza. Y creo que hay que combatir la falsa narrativa de que la minera te tiene que poner la escuela necesariamente, o te tiene que construir la posta, lo que le corresponde al Estado. ¿Te acuerdas hace 10 años el «agua sí, mina no»? Estamos viviendo las consecuencias de esa narrativa, de muchas personas que utilizaron esa narrativa para alcanzar un cargo de elección popular. Los vemos en el Congreso o como asesores», mencionó en Rumbo Minero Central.
Granda plantea convertir lucha contra minería ilegal en política de Estado
La analista señaló que la lucha contra la minería ilegal debe trascender los periodos gubernamentales y convertirse en una política de Estado, debido a sus implicancias sobre la seguridad, institucionalidad y control territorial.
«La minería ilegal es la actividad ilícita más importante del Perú, que se transforma en crimen organizado. La minería ilegal debe ser entendida desde una política de Estado. Todos los peruanos que estamos del lado de la ley, debemos entender que debemos acabar con esto», enfatizó.
El planteamiento coincide con un debate que ha cobrado mayor importancia en la agenda pública. Especialistas consultados recientemente por Rumbo Minero han advertido sobre la necesidad de reforzar las instituciones encargadas de combatir las redes ilegales y ampliar las acciones más allá de las operaciones de interdicción.
Yenifer Paredes y la Comisión de Energía y Minas
Durante la entrevista, Granda también cuestionó la designación de Yenifer Paredes Navarro como presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados para el periodo 2026-2027.
Paredes fue elegida el 19 de agosto con 18 votos a favor. Tras asumir el cargo, anunció que la comisión buscará desarrollar una agenda descentralizada y promover el diálogo con autoridades, comunidades y representantes de los sectores minero y energético.
Granda expresó preocupación por el antecedente judicial de la legisladora. Paredes ha sido investigada por la presunta comisión de delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos, entre otros hechos vinculados al denominado caso Anguía. Al tratarse de investigaciones y acusaciones fiscales, corresponde mantener la presunción de inocencia y no presentar estas imputaciones como hechos probados.
«No son buenas noticias, evidentemente, porque nosotros conocemos cómo se ha manejado Jennifer Paredes, ella incluso en estos momentos enfrenta una investigación judicial por presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos por el supuesto direccionamiento de obras del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en Cajamarca. No tiene las credenciales para ostentar un cargo tan importante», remarcó Granda.
REINFO vuelve al centro del debate político
Otro de los puntos abordados fue el futuro del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Granda advirtió que una eventual discusión sobre nuevas extensiones podría volver a generar fuertes presiones políticas.
Actualmente, uno de los principales desafíos del Ministerio de Energía y Minas es definir la continuidad de la formalización minera y evitar que el REINFO se prolongue indefinidamente. La vigencia actual alcanza hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras el sector prepara una nueva propuesta para la pequeña minería y minería artesanal.
Fiscalización debe abarcar toda la cadena del oro ilegal
Granda remarcó que las acciones estatales no pueden concentrarse exclusivamente en los socavones o puntos de extracción. Afirmó que también debe identificarse quién transporta el mineral, qué plantas lo procesan, quién lo comercializa, quién lo exporta y qué organizaciones facilitan maquinaria y financiamiento.
«Es una cadena, una cadena económica de la que se benefician muchos. Hay beneficiarios políticos, económicos, territoriales. La minería ilegal está vinculada a control territorial, lavado de activos y un montón de delitos que tenemos que combatir desde la estructura del Estado. ¿Estará el gobierno de la señora Keiko Fujimori preparada políticamente? ¿Tendrá el peso político para llevar una lucha contra la minería ilegal de una envergadura tan importante? Bueno, lo sabremos en los próximos meses», anotó.
Para la analista, romper estos circuitos económicos será uno de los principales retos del Gobierno de Keiko Fujimori, quien asumió la Presidencia de la República el 28 de julio para el periodo 2026-2031.
«Un tema que tiene que ver necesariamente con la política del gobierno es la fiscalización. ¿Cómo rompen con esta cadena económica ilegal? Porque no solo es el socavón, no es solo fiscalizar de dónde se extrae el oro ilegal, sino quién lo transporta, quién lo lleva a las plantas procesadoras. Hay un número de plantas procesadoras. ¿Quién lo comercializa? ¿Quién lo exporta? ¿Quiénes son los grupos que están atrás de la compra de maquinarias? O sea, esto no es magia. Hay gente, hay personas, hay organizaciones que se siguen beneficiando políticamente, económicamente y territorialmente de esta actividad ilegal», lamentó.
«Gran desafío el que tiene el gobierno de la señora Keiko Fujimori. No solo es el anuncio de que va a fiscalizar o que va a enfrentar la minería ilegal. Vamos a ver realmente la fuerza que va a tener cuando tenga que enfrentar las presiones políticas y sociales. Ahí es donde vamos a conocer realmente de qué está hecho el gobierno», finalizó.
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Fuente: rumbominero.com
Fecha: 25 agosto, 2026

