El combate contra la minería ilegal continúa en la región Ucayali, donde el sector Defensa, a través de la Marina de Guerra del Perú, ejecutó una operación de interdicción en el centro poblado Vista Alegre, distrito de Curimaná, provincia de Padre Abad. La intervención permitió incautar y destruir bienes valorizados en S/ 1 836 260.
El operativo se desarrolló los días 20 y 21 de febrero en el río Aguaytía, con la participación de personal de la Jefatura del Distrito de Capitanía N.° 4 y del componente naval del Comando Operacional del Ucayali. Estas acciones forman parte de la estrategia de interdicción permanente contra actividades ilícitas vinculadas a la extracción ilegal de recursos minerales.
Incautación y destrucción de dragas
Durante la intervención se logró incautar 11 dragas, además de diverso material utilizado por organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal. Todo el equipamiento fue destruido en cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1100, normativa que establece medidas para la interdicción de la minería ilegal en el país.
Las dragas son uno de los principales instrumentos empleados para la extracción ilícita en ríos amazónicos, generando severos impactos ambientales, como la contaminación por mercurio y la degradación de ecosistemas acuáticos.
Acciones coordinadas en otras regiones
Las operaciones en Ucayali se suman a las intervenciones ejecutadas en otras zonas críticas del país, como Pataz y Madre de Dios, donde las Fuerzas Armadas mantienen presencia constante para frenar el avance de la minería ilegal.
En Madre de Dios, la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía del Ejército realizó recientemente una operación que generó pérdidas superiores a S/ 28 millones a organizaciones dedicadas a esta actividad ilícita, reafirmando el enfoque integral del Estado frente a este delito.
Defensa del medio ambiente y legalidad
El sector Defensa subrayó que cada intervención representa un avance en la protección del medio ambiente, la legalidad y el desarrollo sostenible. La minería ilegal no solo afecta la recaudación fiscal y la formalización del sector, sino que también compromete la seguridad y la salud de las poblaciones locales.
Con estas acciones, el Estado refuerza su compromiso de erradicar la extracción ilícita de minerales y garantizar el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, en línea con la normativa vigente y la política nacional de seguridad y defensa.