Cajamarca enfrenta una disyuntiva ineludible: apostar por proyectos mineros formales —como Michiquillay, La Granja, Yanacocha Sulfuros, Conga, Galeno, entre otros— que generen impuestos, empleo formal directo e indirecto y que, además, puedan ser fiscalizados tanto por las autoridades como por la propia población.
La alternativa es permitir el avance de la minería ilegal, una actividad que no paga impuestos, fomenta la extorsión y el sicariato, y provoca una contaminación indiscriminada sin ningún tipo de control. Está claro que una de estas dos realidades terminará imponiéndose, porque los recursos minerales serán explotados de una u otra manera. Sostener que no habrá minería de ningún tipo no solo es falso, sino una utopía; mientras tanto, los mineros ilegales ya avanzan y amenazan con apoderarse de la región.
Frente a este escenario, los candidatos al Congreso, a las alcaldías y al gobierno regional tienen la obligación de asumir una posición clara, sin medias tintas. Asimismo, las autoridades regionales y provinciales deben exigir a los proyectos formales mayores oportunidades laborales para los cajamarquinos, un control ambiental más riguroso y otros compromisos concretos. A la minería ilegal, en cambio, es imposible exigirle absolutamente nada.
Fuente: El Cajamarquino (FB)
Fecha: 17 diciembre, 2025