La Comunidad Campesina San Andrés de Negritos del distrito Encañada, logró un avance histórico en su lucha por la restitución de sus tierras: el Poder Judicial admitió a trámite la demanda de amparo presentada en abril contra la minera Newmont Yanacocha y entidades del Estado peruano por el despojo de más de 14 mil hectáreas de su territorio ancestral, ejecutado en beneficio de dicha empresa minera.
Asimismo, el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima convocó a una audiencia judicial el próximo 22 de diciembre, para que se revise el caso, se escuche los argumentos de demandantes y demandados, y se prepare para dictar una sentencia en este emblemático caso de despojo territorial contra pueblos indígenas.
La demanda presentada por la comunidad solicita la nulidad de la Resolución N.º 143-95-RENOM/AG, mediante la cual la Dirección Regional Agraria de Cajamarca anuló de forma inconstitucional el reconocimiento oficial de la comunidad y habilitó la adjudicación individual de sus tierras comunales. Esta medida, adoptada entre 1991 y 1996 con la participación de funcionarios estatales y representantes de Yanacocha, fragmentó el territorio comunal con actas sin quórum, firmas irregulares y sin el consentimiento libre, previo e informado de la asamblea comunal.
“Nos sentimos muy contentos ahora que han admitido nuestra demanda, porque tenemos la esperanza de que en algún momento la justicia va a llegar a favor de la comunidad. Han sido tantos años de daño por parte del Estado y de la empresa privada”, expresó Jesús Castrejón, representante de la comunidad.
“La audiencia única del 22 de diciembre será decisiva para que la Comunidad Campesina de San Andrés de Negritos exponga ante el Poder Judicial el despojo sistemático de sus tierras comunales, lo que se resuelva no solo definirá la posibilidad de recuperar su territorio ancestral, sino que también marcará un precedente judicial importantísimo, ya que evidenciará hasta qué punto las instituciones del Estado están dispuestas a enfrentar los intereses empresariales y corregir décadas de vulneración a los derechos colectivos campesinos. Este caso es la realidad de muchas comunidades de los andes del Perú”, detalló Adán Cassia, especialista legal del IDL.
La comunidad exige que se restituya su reconocimiento oficial, se anulen todos los actos administrativos que permitieron el despojo, se reviertan las inscripciones individuales impuestas y se devuelva el dominio colectivo sobre las 14,375 hectáreas comunales. También plantea que se evalúe una compensación por más de 30 años de explotación minera en su territorio sin consulta ni participación en beneficios.
Con esta decisión, el Poder Judicial abre la puerta para que San Andrés de Negritos pueda demostrar la magnitud del despojo y sentar un precedente clave en la defensa de los territorios comunales frente a abusos estatales y corporativos.
Fuente: Radio Líder Cajamarca (FB)
Fecha: 13 agosto, 2025