Perú registra 6,001 pasivos ambientales mineros, de los cuales 740 son considerados de alto y muy alto riesgo. Especialistas plantean priorizar su intervención, crear nuevos mecanismos de financiamiento y permitir que áreas rehabilitadas puedan convertirse en espacios productivos, turísticos, educativos o culturales.
¿Qué pasaría si los antiguos pasivos ambientales mineros dejaran de ser vistos únicamente como un problema de cierre y se convirtieran en una oportunidad para generar nuevas actividades y desarrollo en los territorios? Esa es una de las principales preguntas que PACMIN 2026 busca poner en el centro del debate nacional sobre la gestión de los pasivos ambientales mineros (PAM).
Durante la conferencia magistral en los Martes de la Minería “PACMIN 2026: Principales aportes para la modificación del Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera”, organizada por el Capítulo de Ingeniería de Minas del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), especialistas del sector plantearon la necesidad de evolucionar hacia un modelo que no se limite a administrar el cierre de los PAM, sino que acelere su rehabilitación, reduzca los riesgos y permita generar nuevos usos y oportunidades de desarrollo para las zonas donde se encuentran.
La propuesta fue presentada en el marco del Martes de la Minería por el Ing. Raúl Benavides, presidente del PACMIN 2025 y presidente del Directorio de CETEMIN. Participaron como panelistas el Ing. Humberto Chirif, expresidente ejecutivo de INGEMMET; el Abg. Dante Aguilar, gerente general de AMSAC; y el Ing. Percy Montoya, gerente de Gestión Ambiental de Compañía de Minas Buenaventura. La moderación estuvo a cargo del Ing. CIP Jorge de Soto Yen, presidente del Capítulo de Ingeniería de Minas del CIP Lima.
Las cifras expuestas durante la jornada dimensionan la magnitud del desafío. De acuerdo con información presentada por PACMIN, sobre la base del Anuario Minero 2024 del Ministerio de Energía y Minas, el Perú cuenta con 6,001 pasivos ambientales mineros.
De este universo, 740 están clasificados como de alto y muy alto riesgo, equivalente aproximadamente al 12 % del inventario. Para los especialistas, este grupo debería concentrar buena parte de los recursos y esfuerzos de intervención.
Pero existe otro indicador que evidencia la urgencia de revisar el modelo actual: después de más de dos décadas de aplicación del marco regulatorio, se han obtenido únicamente tres certificados de cierre.
“Necesitamos pasar de una lógica de administración del pasivo a una lógica de rehabilitación efectiva”, fue uno de los principales mensajes de la jornada. El reto, según los especialistas, no pasa únicamente por conseguir mayores recursos, sino también por reducir barreras regulatorias, establecer incentivos adecuados y generar condiciones que permitan culminar los procesos de remediación.
A ello se suma un desafío potencial de gran magnitud: durante la conferencia se advirtió sobre la existencia de más de 30,000 potenciales PAM asociados a actividades comprendidas en el REINFO, situación que podría incrementar considerablemente las responsabilidades futuras del Estado.
PACMIN destacó varios aspectos positivos del proyecto de modificación del Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera, entre ellos la implementación de las reformas introducidas por el Decreto Legislativo N.° 1670, el fortalecimiento de la figura del remediador voluntario y la aplicación del principio de proporcionalidad de acuerdo con el nivel de riesgo.
También valoró la posibilidad de desarrollar estudios previos antes de asumir formalmente una remediación y el reconocimiento de diferentes alternativas, como la reutilización, el reaprovechamiento, el uso alternativo y el cierre de los componentes mineros.
Sin embargo, los especialistas consideran que todavía existen aspectos que deben ser precisados para generar mayor predictibilidad y facilitar nuevas intervenciones.
Definir límites claros para las obligaciones de post-cierre, evitando que estas se conviertan en una barrera para la participación de nuevos remediadores.
Brindar mayor predictibilidad y protección jurídica a quienes asuman voluntariamente la rehabilitación de pasivos.
Crear o ampliar mecanismos de financiamiento, incluyendo alternativas como Obras por Impuestos, PROINVERSIÓN y fondos sectoriales.
Desarrollar un Mapa Nacional de Rehabilitación, que permita priorizar los PAM considerando no solo su nivel de riesgo, sino también su potencial de reaprovechamiento y sus posibles usos futuros.
Establecer reglas claras frente a casos fortuitos y de fuerza mayor, especialmente cuando componentes previamente remediados puedan ser afectados por terceros.
La propuesta apunta a que la gestión de PAM deje de ser únicamente una obligación ambiental y pueda convertirse en una agenda nacional de rehabilitación de territorios.
Uno de los planteamientos que mayor interés generó durante la conferencia fue la posibilidad de otorgar una “segunda vida” a determinados espacios mineros una vez rehabilitados.
Fuente: dipromin.com
Fecha: 17 agosto, 2026

