A pesar de la reciente vacancia de Dina Boluarte, las protestas no se detienen. Diversas organizaciones sociales y gremios mantienen en pie el paro nacional programado para el 15 de octubre, esta vez con un mensaje más amplio: rechazan también al Congreso de la República, al que acusan de ser cómplice de las políticas que agravaron la inseguridad, la corrupción y la crisis económica.
El movimiento busca marcar distancia de ambos poderes, señalando que el Legislativo actuó en desmedro de la población al aprobar leyes cuestionadas como las prodelincuencia o las que favorecen a las AFP. La movilización, bautizada como una “gran marcha nacional”, busca reunir a estudiantes, transportistas y trabajadores en las principales regiones del país, exigiendo cambios estructurales y un nuevo rumbo político.
El Bloque Universitario, conformado por estudiantes de San Marcos, Villarreal, Agraria y la PUCP, ratificó su participación en la jornada. Los jóvenes recalcaron que la crisis de legitimidad no se resuelve con la salida de Boluarte, sino con la renovación total del Congreso y un proceso que devuelva el poder al pueblo. Durante sus últimas marchas en Lima, portaron pancartas con mensajes como “Ni Congreso ni Boluarte” y “El Perú merece dignidad”.
Los gremios del transporte también confirmaron su adhesión al paro, denunciando que ni el Gobierno anterior ni el actual Congreso han respondido a las demandas del sector. Reclaman la derogatoria de normas que, según sostienen, facilitan la impunidad del crimen organizado, además de exigir justicia para las víctimas del sicariato y mayor seguridad en las carreteras. Algunos dirigentes no descartan adelantar las protestas al 13 de octubre.
El contexto sigue marcado por la violencia y la extorsión. En Lima y Callao, más de 80 conductores han sido asesinados este año por negarse a pagar cupos, mientras que en regiones se multiplican los cobros ilegales y amenazas contra comerciantes. El reciente ataque en un concierto de Agua Marina, que dejó varios heridos, ha reforzado la sensación de vulnerabilidad ciudadana.
Las voces del paro coinciden en que la salida de Boluarte no basta si el Congreso continúa impulsando leyes que consideran lesivas para la población. El país enfrenta un escenario de desconfianza generalizada hacia las instituciones y un creciente pedido por una nueva representación política. Los organizadores aseguran que el 15 de octubre será una jornada de unidad y resistencia popular.