Un escándalo político-administrativo sacude al distrito de Tumbadén. Vecinos y dirigentes locales han solicitado la vacancia del alcalde distrital, Nilo Francisco Cáceres Lozano (DNI N.° 28069392), tras conocerse una presunta compra millonaria de un terreno que, según la documentación existente, habría beneficiado al entorno familiar del propio burgomaestre.
De acuerdo con información contenida en el Documento Notarial N.° 2499, de fecha 09 de mayo de 2023, la Municipalidad Distrital de Tumbadén habría adquirido un predio rústico de 10,850.58 metros cuadrados, ubicado en el mismo distrito, por un monto de S/ 453,500.00. La operación habría sido realizada con el señor Elmer Cáceres Díaz, primo hermano del alcalde y actual director de la Agencia Agraria de Contumazá, junto a su esposa, quedando registrada en la Notaría Flaminio Vigo, en la ciudad de Cajamarca.
PAGO MILLONARIO Y SERIAS DUDAS
Según el informe notarial, el pago del monto total habría sido cancelado íntegramente mediante transferencia bancaria el mismo día de la firma, pero no a la cuenta del vendedor, sino a la cuenta personal de la esposa del primo del alcalde, Cayetana Cruz, quien en el año 2023 era servidora pública nombrada de la Dirección Regional de Agricultura.
Especialistas consultados advierten que, de confirmarse estos hechos, podría configurarse un serio conflicto de intereses, ya que la triangulación de fondos hacia el entorno familiar del alcalde podría evidenciar un interés directo en la contratación, situación que estaría expresamente prohibida por el artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades.
¿CONTRATO INVISIBLE?
El caso se vuelve aún más delicado luego de que el equipo de investigación del Capo de la Noticia verificara que, tras una revisión en el SEACE y en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) con los DNI de los presuntos vendedores, no se habría encontrado registro alguno de contrato con la Municipalidad Distrital de Tumbadén.
Este hecho podría indicar que la operación se habría realizado de manera directa, o que no habría seguido el procedimiento establecido por la Ley N.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, vigente al momento de la compra-venta, dejando abierta la posibilidad de que el proceso se haya ejecutado al margen de la ley desde su origen.
LO QUE DICE LA LEY
La Ley Orgánica de Municipalidades es categórica. El artículo 63 prohíbe que alcaldes y funcionarios contraten bienes o servicios con la municipalidad, ya sea directa o indirectamente, o a través de terceros vinculados. De confirmarse una infracción, los contratos serían nulos y el funcionario podría enfrentar sanciones administrativas, civiles y penales, incluida la vacancia del cargo, conforme a los artículos 22 inciso 9 y 63 de la misma norma.
EL TERRENO NO SE DISCUTE, LA ÉTICA SÍ
Los documentos técnicos describen con precisión los linderos, medidas y saneamiento legal del predio, por lo que la existencia del terreno no estaría en discusión. Sin embargo, lo que hoy genera indignación ciudadana es la forma en que presuntamente se habría concretado la operación y el uso de recursos públicos para favorecer intereses familiares.
Se conoce que el terreno habría sido adquirido para la futura construcción de una posta de salud, un proyecto socialmente necesario, pero que no exime a ninguna autoridad del cumplimiento estricto de la ley.
PIDEN QUE LAS AUTORIDADES ACTÚEN
Ante la gravedad de los hechos, la población exige la intervención inmediata de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público, a fin de que se determinen las responsabilidades del caso. En esta presunta operación irregular también participó el exgerente municipal Wilmer Vargas Pompa (Ex alcalde del distrito de San Bernardino), dónde habría firmado las constancias de pago.
Fuente: Red Noticias San Pablo - Cajamarca (FB)
Fecha: 23 enero, 2026