Fernando Castillo plantea inteligencia, fiscalización financiera y operativos focalizados para desarticular los pequeños focos de extracción ilegal.
La lucha contra la minería ilegal en Cajamarca debería concentrarse no solo en los lugares donde se extrae el mineral, sino también en quienes financian, procesan y comercializan la producción. Así lo planteó el especialista en gestión y conflictos sociales Fernando Castillo, quien propuso fortalecer las labores de inteligencia y la fiscalización financiera para desarticular esta actividad.
Castillo sostuvo que el Estado cuenta con capacidad operativa para intervenir los focos de minería ilegal existentes en la región, pero consideró necesario aplicar una estrategia focalizada que permita identificar primero a los pequeños operadores y avanzar progresivamente hacia los niveles superiores de la cadena.
INTELIGENCIA PARA IDENTIFICAR A LOS OPERADORES
El especialista señaló que las intervenciones en Cajamarca deberían ejecutarse de manera estratégica y disuasiva, principalmente en sectores donde se concentran grupos reducidos de labores mineras.
Explicó que, en zonas con entre 20 y 40 socavones, el despliegue periódico de efectivos policiales, acompañado por representantes del Ministerio Público, podría permitir una intervención sostenida contra los operadores ilegales.
A diferencia de territorios donde existe una mayor concentración de organizaciones criminales, Castillo consideró que en determinados sectores de Cajamarca sería posible ejecutar operaciones focalizadas con los recursos que actualmente dispone el Estado.
“Existe la capacidad estatal para hacerlo, pero falta decisión política”, afirmó.
EL OBJETIVO: SEGUIR EL DINERO
Uno de los principales puntos planteados por Castillo es fortalecer la investigación financiera vinculada a la minería ilegal.
Según explicó, las autoridades deben identificar quiénes financian las operaciones, cómo se moviliza el dinero y dónde termina el mineral extraído, además de intervenir la infraestructura utilizada para su procesamiento.
“En el Perú no existe información oficial consolidada sobre la cantidad real de plantas de procesamiento en funcionamiento”, advirtió.
Para el especialista, conocer la ubicación y funcionamiento de estas plantas permitiría identificar uno de los principales eslabones de la cadena de valor de la minería ilegal y orientar las investigaciones hacia quienes obtienen mayores beneficios económicos.
CUESTIONA CONDUCCIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
Castillo también cuestionó la conducción del Ministerio del Interior tras la designación de César Astudillo. Desde su perspectiva, la incorporación de mandos militares en sectores estratégicos puede generar dificultades de coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP).
El especialista sostuvo que estas eventuales fricciones pueden terminar afectando la gestión operativa de la seguridad pública y la capacidad de respuesta frente a actividades ilícitas.
RECUPERAR LA INTELIGENCIA TOMARÍA TRES AÑOS
Finalmente, Castillo estimó que recuperar las capacidades estratégicas de los sistemas de inteligencia del país requeriría un proceso de varios años.
De acuerdo con su planteamiento, aproximadamente un año sería necesario para reclutar y formar personal especializado, mientras que otros dos años permitirían desarrollar capacidades suficientes para alcanzar un nivel operativo adecuado.
El especialista consideró que fortalecer la inteligencia permitiría al Estado anticiparse a las actividades ilegales, identificar sus estructuras de financiamiento y orientar las intervenciones hacia los principales responsables de la cadena de la minería ilegal.
Fuente: Jaime Abanto Padilla (FB)
Fecha: 30 septiembre, 2026