El alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Rodolfo García Esquerre, afirmó que enfrentar de manera efectiva la minería ilegal exige una intervención articulada de los tres poderes del Estado, así como la corrección urgente de las fallas del marco normativo que actualmente limita la capacidad operativa del Gobierno.
“El problema de la minería ilegal no es solo del Ejecutivo, es un problema de Estado. La raíz del problema está en el marco legal, que nos dificulta muchísimo luchar contra esta actividad ilícita y tenemos que cambiarlo”, subrayó.
García Esquerre destacó que el Congreso haya optado por no ampliar por dos años la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), decisión que -según precisó- fortalece la lucha contra quienes intentan utilizar la figura de la formalización para encubrir actividades ilícitas.
Asimismo, valoró que se haya reafirmado la facultad del Ejecutivo para excluir registros cuando corresponda y que se haya impedido el retorno de 50 565 inscripciones previamente excluidas, en cuya mayoría no se declaraba actividad minera o, de haberse realizado, se trataba de una actividad ilegal.
“Gracias a esta depuración, hemos reducido significativamente el universo de mineros en proceso de formalización. De los más de 31 mil que han quedado, alrededor de 24 mil están vigentes. Los demás mantienen trámites suspendidos, pero formalizar a este grupo es posible”, señaló.
Hacia una estrategia integral
El alto comisionado explicó que el proceso de formalización y exclusión forma parte de una estrategia más amplia que engloba la erradicación de la minería ilegal y la recuperación ambiental de zonas impactadas. En esa línea, recordó que el Ejecutivo aprobó la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal, instrumento que refuerza la acción multisectorial.
“El concepto ahora es claro: vamos a erradicar, pero el Estado debe quedarse. Se necesitan puestos de control permanentes para impedir cualquier actividad ilegal, especialmente en ríos donde la actividad minera está prohibida. También puestos multisectoriales, como ocurre en Pataz, donde solo pueden circular camiones con mineral mediante rutas fiscales”, explicó.
“Modelo Pataz”
García Esquerre resaltó los avances del denominado Modelo Pataz, que establece rutas fiscales y puntos de control con participación de Sunat, Sucamec y Sutran, entidades clave para frenar el ingreso y salida irregular de bienes vinculados a la minería ilegal.
“En esas rutas fiscales se debe controlar todo: lo que sale —material minero— y lo que ingresa —combustible, explosivos, insumos químicos y maquinaria—. El Ministerio de Energía y Minas debe implementar un sistema interoperable que integre toda la información y garantice una fiscalización efectiva. Este modelo va a mejorar y debemos replicarlo en otros lugares”, concluyó.
Fuente: rumbominero.com
Fecha: 10 diciembre, 2025