San Miguel: A casi seis meses de conocida la pérdida del libro de actas de la Municipalidad Provincial, hasta la fecha el caso permanece en investigación

La población de San Miguel, hace aproximadamente medio año se enteró por los medios de prensa que el libro de actas de la municipalidad provincial de San Miguel, Cajamarca, se habría perdido, en fecha aún indeterminada, sin poder identificar quien los tomó o que sucedió realmente. En las oficinas de la secretaría y Alcaldía no existen cámaras de videovigilancia que darían un indicio, pero lamentablemente no existen tales cámaras de seguridad.

Se sabe que el funcionario responsable de la oficina de secretaria general de la municipalidad interpuso la respectiva denuncia policial en agravio de la institución edil y el caso se halla en la fiscalía provincial pero hasta la fecha no se resuelve nada.

Es de mencionar que dicho libro contiene importante información sobretodo al registro de sesiones de concejo, acuerdos, actividades resaltantes y otras más, propias de la institución.

La población se pregunta a quién o quiénes les interesaría tener en su poder dicho libro, igual a quien le interesaría que desaparezcan.

El día 06, el abogado, Manuel Jesús Salazar Díaz, en representación de ciudadanos interesados en este raro caso que envuelve a la municipalidad, solicitó a la referida institución, mediante documento, un informe de las acciones, denuncias interpuestas, respecto a la pérdida del libro de actas de la municipalidad provincial de San Miguel en contra del Secretario General de la institución edil, por los delitos que hayan sido identificados por la procuraduría pública de la municipalidad provincial de San Miguel, a fin de que se esclarezca la omisión por comisión, ya que el referido funcionario respondería penalmente, civilmente y administrativamente, por tener la calidad de cuidar y custodiar los bienes enseres de la entidad a dónde pertenece y trabaja. Ello entre otros fundamentos y solicitudes del referido abogado denunciante.

Es menester también invocar al ministerio público, mayor celeridad en sus investigaciones y dar un informe a la población de lo realmente sucedido y las posibles sanciones a que hubiera lugar.

 

 

FUENTE: Luis Lingán Ramírez

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