En entrevista con Rumbo Minero Central, César Ipenza, abogado especializado en delitos ambientales y docente universitario, propuso que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) se encargue de la fiscalización ambiental de las plantas de beneficio, donde se procesan los minerales extraídos de los yacimientos.
«Que sea el OEFA quien asuma las competencias de fiscalización, y ello le permita cruzar información de su capacidad de producción en base a los insumos que utiliza y también tengamos sinceramiento de la producción», precisó.
Además, Ipenza reiteró su posición en contra de que se les continúe llamando pequeña minería a las plantas de beneficio.
«Concretamente, si el Estado ya sabe que son 200 o 300 plantas de beneficio, pues el Estado nacional debe asumir una competencia de controlarlas, de fiscalizarlas. En el pasado se consideraba pequeña minería o artesanal y estaba bajo competencia de los gobiernos regionales que no han tenido ninguna capacidad, ni siquiera herramientas para fiscalizarlas», opinó.
Capacidad del Estado
Por otro lado, Ipenza aseguró que el Estado no tiene la capacidad para controlar la capacidad de producción de las plantas de beneficio. No obstante, enfatizó que examinar las plantas de beneficio es fundamental en la lucha contra la minería ilegal.
«Por el tema del acceso de los insumos, explosivos, mercurio, cianuro, ¿cómo es posible que concretamente, no se controle estos insumos que transitan por vías nacionales? Y este es un trabajo pendiente también para el uso de la inteligencia», señaló.
«Ya hemos visto cómo Sunat ha incautado el año pasado 20 toneladas de mercurio. Este año se han encontrado 2 toneladas en containers que tenían para baterías. Entonces, cada día se sofistica más el comercio de estos insumos que son necesarios para la actividad ilegal. Concretamente, el combustible, por ejemplo, en Madre de Dios. Hemos visto cómo ciertas autoridades vienen insistiendo que se flexibilice o se libere o se provea mayor cantidad de combustible cuando es un insumo químico fiscalizado», agregó.
Por otro lado, el también docente universitario sostuvo que se debe hacer un seguimiento al fujo de dinero. En este seguimiento, el Ministerio Público tendría mayor participación.
«Para aquellos que ejercen la actividad ilegal, sino también para que sea el Ministerio Público quien extinga esos bienes obtenidos a costa de robarnos a todos nosotros. Concretamente hablo de los procedimientos de extinción de dominio», sostuvo.
Respecto a las expectativas por el nuevo gobierno de Keiko Fujimori, el especialista dijo que sigue en pie una suerte de hoja de ruta donde evalúan acerca sobre del tratamiento a las plantas de beneficio
Fuente: rumbominero.com
Fecha: 13 agosto, 2026

