El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) tendría tres frentes prioritarios para abordar la problemática de la minería artesanal, informal e ilegal: avanzar hacia una nueva Ley MAPE, definir el futuro del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y reforzar la fiscalización de las plantas de procesamiento de minerales.
Así lo señaló Iván Arenas, experto en temas del sector minero, al analizar las recientes declaraciones del ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, sobre las medidas que impulsará su cartera.
“El primero de ellos es la Ley MAPE”, sostuvo Arenas, quien explicó que el MINEM trabajará en una nueva propuesta normativa que posteriormente deberá ser discutida tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
El planteamiento adquiere relevancia ante la necesidad de establecer un marco permanente para la pequeña minería y minería artesanal. Arenas ya había señalado anteriormente que la Ley MAPE debía abordarse alejándola de la politización y con una discusión técnica.
REINFO podría seguir en agenda después de diciembre
El segundo aspecto identificado por Arenas está relacionado con el futuro del REINFO y los operadores que todavía permanecen dentro del proceso de formalización.
Según explicó, el ministro Shinno ha señalado que algunos registros continuarían debido a que el proceso de formalización aún no habrá terminado, incluso ante la posibilidad de que este no concluya al 31 de diciembre.
Arenas indicó que este será uno de los asuntos que deberán precisarse próximamente, debido a las implicancias que tendría para la política de formalización minera.
El REINFO ha experimentado sucesivas extensiones desde su creación y continúa siendo uno de los principales puntos de discusión alrededor de la pequeña minería. Un documento de Perú Debate 2026 señalaba que, a agosto de 2025, permanecían 31.519 registros y apenas 2.271 mineros habían alcanzado la formalización.
Fiscalización apuntará a plantas de procesamiento
El tercer componente destacado por Arenas es el anuncio de una mayor fiscalización de las plantas de procesamiento, un eslabón estratégico debido a su participación en el tratamiento y comercialización de los minerales extraídos.
De acuerdo con el experto, el MINEM buscará articular acciones con instituciones como la Sunat y unidades de inteligencia financiera, con el propósito de realizar controles más detallados sobre estas instalaciones.
Arenas sostuvo, sobre la base de las declaraciones analizadas, que existirían aproximadamente 2.800 plantas de procesamiento entre informales e ilegales, varias actualmente bajo fiscalización de los gobiernos regionales.
El nuevo esquema de control deberá precisar cómo se distribuirán las competencias entre el MINEM, los gobiernos regionales y las instituciones que participarán en la fiscalización.
Para Arenas, estos anuncios colocan nuevamente en la agenda minera tres asuntos estrechamente relacionados: formalización, trazabilidad del mineral y control de las actividades ilegales.
Las próximas decisiones del MINEM permitirán conocer cómo se estructurará la propuesta de Ley MAPE, qué tratamiento recibirán los operadores que permanezcan en formalización y cuál será el alcance del nuevo sistema de fiscalización de las plantas de procesamiento.
Fuente: rumbominero.com
Fecha: 13 agosto, 2026

