Santa Cruz, Cajamarca. – La indignación ciudadana crece en la región Cajamarca ante la permanencia y el protagonismo político de autoridades investigadas y sentenciadas por delitos graves. Los casos más recientes involucran a actuales y exburgomaestres, cuya permanencia en cargos públicos genera desconfianza y cuestiona la integridad de la función pública.
AUTORIDADES BAJO LA LUPA
El actual alcalde de la provincia de Santa Cruz, Elmer Villoslada, conocido como “Caldo Solo”, registra múltiples denuncias en el Ministerio Público por presuntos delitos de hurto, robo, estafa, usurpación, abuso de autoridad y colusión, además de una sentencia firme de dos años por peculado confirmada en segunda instancia. Pese a ello, Villoslada se niega a dejar el cargo, lo que ha despertado fuertes críticas de la ciudadanía.
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Más preocupante aún resulta la situación de José Luis Monteza Hernández, alias “Lucho”, exalcalde del distrito de Pulán Provincia de Santa Cruz. Monteza ya fue sentenciado en mayo del año en curso, a un año de prisión por maltrato físico y psicológico contra una menor de edad, pena que fue convertida en 52 jornadas comunitarias. ¿Por qué fué beneficiado con la conversión de la condenada teniendo en cuenta que víctima fué una menor de edad de 13 años?.
A esta condena se suman graves denuncias: presunto desfalco en la Municipalidad Distrital de Pulán en complicidad con el Gerente Ricardo Fernández, que superaría los 15 millones de soles, actualmente en investigación por la Contraloría General de la República; además de dos procesos fiscales por VIOLACIÓN SEXUAL de una MENOR DE EDAD «PEDOFILO» presentados por la 3° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo (17/04/2025) y la 2° Fiscalía Provincial Penal de Santa Cruz (11/12/2024). Incluso, fuentes señalan que la Fiscalía de Santa Cruz ha solicitado al Poder Judicial la copia certificada de la sentencia vigente contra Monteza para sustentar un pedido de prisión preventiva.
RECHAZO SOCIAL Y DEMANDAS DE JUSTICIA
Dirigentes sociales y colectivos ciudadanos de Cajamarca expresan su indignación:
“No podemos seguir siendo cómplices, por acción u omisión, de quienes han atentado contra la integridad, la legalidad y los recursos de nuestras comunidades. La justicia debe cumplirse sin privilegios”, señalaron.
EL ROL DEL JURADO NACIONAL DE ELECIONES
La indignación ciudadana también alcanza al plano electoral. Diversos sectores exigen que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) actúe con responsabilidad y no permita que candidatos con denuncias tan graves y aberrantes accedan nuevamente al poder político.
El antecedente es claro: en el caso de EDWIN NAVARRO TORRES, condenado por malversación de fondos, el JNE lo declaró impedido de postular a pesar de estar rehabilitado judicialmente. El Tribunal Constitucional confirmó la validez del artículo 8.1 h) de la Ley de Elecciones Municipales, que prohíbe postular incluso a personas ya rehabilitadas.
Por ello, la sociedad cajamarquina exige que se aplique el mismo criterio y que partidos políticos no sean cómplices en dar espacio a personajes con antecedentes tan graves, pues ello socava la democracia y expone a las comunidades a nuevos abusos.
EXIGENCIA FINAL
La ciudadanía cajamarquina demanda de manera urgente al Ministerio Público, al Poder Judicial y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Contraloría de la República tomar acciones firmes e inmediatas que garanticen justicia y eviten la impunidad.
Permitir que investigados por violación sexual o corrupción accedan al poder político, advierten, sería convertir los cargos públicos en un escudo de blindaje e impunidad.
“La sociedad exige que se priorice la integridad y los derechos de las víctimas sobre los intereses políticos. No podemos permitir que el poder compre el silencio ni burle la justicia”, concluyen los colectivos ciudadanos.
Fuente: Hablando Claro Cajamarca (FB)
Fecha: 29 agosto, 2025